El debate sobre cuánto debe gastar cada país de la OTAN en defensa se ha convertido en uno de los temas más calientes de la política internacional reciente. La combinación de un entorno geopolítico mucho más tenso, la guerra en Ucrania, el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y las nuevas exigencias presupuestarias han puesto este asunto en el centro de la agenda, especialmente en Europa y, de forma muy particular, en España.
Más allá del ruido político y las frases gruesas, detrás de las cifras de gasto militar hay cambios profundos en la estrategia de seguridad occidental, tensiones dentro de la propia Alianza Atlántica y un dilema claro para los gobiernos: cómo reforzar sus capacidades defensivas sin dinamitar el Estado del Bienestar ni la estabilidad fiscal. En el caso español, el debate es todavía más intenso por nuestro histórico bajo gasto en defensa y por la fuerte sensibilidad social respecto a este tipo de partidas.
El nuevo contexto de seguridad y el aumento global del gasto militar
El panorama de seguridad mundial ha dado un giro de 180 grados en la última década. La anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014 fue una primera llamada de atención, pero la invasión a gran escala de Ucrania en 2022 supuso un auténtico punto de inflexión para Europa y para la OTAN, que ya no puede permitirse tratar la defensa como un asunto secundario.
Los datos del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI) reflejan esta tendencia con claridad: el gasto militar mundial alcanzó en 2023 unos 2,29 billones de euros, lo que representa un aumento del 6,8% respecto al año anterior y el mayor incremento desde 2009. Este salto no es casual, responde directamente al deterioro generalizado de la paz y la seguridad internacionales.
Estados Unidos sigue siendo de largo el mayor inversor en defensa, con un presupuesto militar de alrededor de 916.000 millones de dólares, una cifra que triplica el gasto de China (unos 296.000 millones) y multiplica por nueve el de Rusia (en torno a 109.000 millones). A este grupo se suman otras potencias regionales como India y Arabia Saudí, que también figuran entre los países con mayores desembolsos en capacidades militares.
Si miramos solo a la OTAN, la hegemonía estadounidense es aún más evidente: Washington concentra aproximadamente el 68% del gasto total de los aliados, que en conjunto rondan los 1,26 billones de euros. Esto significa que, aunque muchos socios europeos han empezado a aumentar sus presupuestos, la Alianza continúa dependiendo de forma abrumadora del músculo militar norteamericano.
Esta asimetría histórica ha alimentado lo que algunos expertos llaman “efecto parásito”: países europeos que se benefician del paraguas de seguridad de Estados Unidos sin aportar proporcionalmente al esfuerzo común. España suele ponerse como ejemplo de este fenómeno, con un gasto durante años muy por debajo de los compromisos asumidos.
Porcentaje del PIB en defensa en la OTAN: del 2% al nuevo objetivo del 5%
Tradicionalmente, la referencia clave en la OTAN ha sido el famoso 2% del PIB dedicado al gasto en defensa. Este umbral se acordó en la Cumbre de Gales de 2014, justo después de la anexión rusa de Crimea, como un compromiso político para reforzar las capacidades de la Alianza en un entorno más hostil.
En aquel momento, solo tres países cumplían de verdad el objetivo del 2%: Estados Unidos, Grecia y el Reino Unido. Diez años después, la foto ha cambiado de forma notable. En 2023 lo alcanzaban diez aliados y en 2024 ya eran 23 los que superaban esa marca, según las estimaciones de la propia organización.
El impulso definitivo llegó con la guerra de Ucrania. Muchos países, especialmente en Europa del Este, han disparado su gasto militar ante el temor a un conflicto directo o a nuevas agresiones por parte de Rusia. Polonia encabeza ahora el esfuerzo relativo dentro de la OTAN, con alrededor del 4,12% de su PIB destinado a defensa, y se ha marcado el objetivo de llegar al 4,7%. Estonia, Letonia y Lituania también se han colocado en el grupo de los más comprometidos, con porcentajes que rondan o superan el 3,5% y planes para aproximarse al nuevo listón del 5%.
En el extremo opuesto se sitúa España, que durante años ha sido uno de los socios más rezagados. Hasta 2024, nuestro país invertía en torno al 1,28-1,29% del PIB, el nivel más bajo entre los 32 miembros con ejército, solo por delante de Islandia, que no dispone de Fuerzas Armadas. Junto a España, otros países como Eslovenia, Luxemburgo, Bélgica, Italia, Portugal, Croacia y Canadá tampoco alcanzaban el 2% en ese momento.
La gran sacudida llega con el regreso de Donald Trump a la presidencia estadounidense. El nuevo inquilino de la Casa Blanca ha redoblado la presión sobre sus socios, llegando a sugerir públicamente que algunos países que no aumenten su gasto militar -como España- deberían ser “expulsados” de la Alianza. Fruto de esa presión, la OTAN ha ido más allá del 2% y ha acordado un nuevo objetivo de gasto total del 5% del PIB para 2035.
Ese 5% no se destina íntegramente a gasto militar clásico, sino que se divide en dos grandes bloques: un 3,5% del PIB para gasto de defensa estrictamente militar (compra de armas, mantenimiento de equipos, salarios y pensiones del personal militar, misiones, maniobras, investigación y desarrollo, etc.) y un 1,5% adicional para un concepto de seguridad más amplio que incluye la protección de infraestructuras críticas, ciberseguridad, transporte estratégico, defensa civil e impulso de la industria de defensa.
La metodología de la OTAN para medir el gasto es bastante flexible. Dentro de la definición oficial se incluyen partidas como las pensiones de retiro del personal militar y civil de los Ministerios de Defensa, así como gastos en operaciones de mantenimiento de la paz o misiones humanitarias que estén ligadas a las capacidades de defensa. En países como Estados Unidos, además, la estructura del gasto ha cambiado con el tiempo: el peso del gasto en personal ha pasado de representar alrededor del 35% en 2014 a situarse en torno al 25% una década después.
La posición singular de España dentro de la OTAN
España ha sido durante años uno de los alumnos rezagados en gasto militar, pero su trayectoria reciente muestra un cambio de rumbo significativo. En 2014, nuestro país dedicaba apenas un 0,92-0,93% de su PIB a defensa, muy lejos del compromiso de Gales. Sin embargo, a partir de 2018 se ha producido una escalada sostenida del presupuesto, con incrementos acumulados cercanos al 70% desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa.
En 2024, el gasto en defensa español se situaba en unos 19.723 millones de euros, equivalentes aproximadamente al 1,29% del PIB. Esta cifra, aunque supone una mejora respecto a años anteriores, seguía claramente por debajo del 2% comprometido. La situación cambió bruscamente el 22 de abril, cuando el presidente del Gobierno anunció un incremento extraordinario del gasto en defensa de 10.471 millones de euros.
Con ese aumento, la inversión total en defensa para 2025 se elevaría hasta unos 33.123 millones de euros, lo que permitiría alcanzar ya el famoso 2% del PIB, adelantando en cuatro años el calendario inicialmente previsto (que situaba el cumplimiento en 2029). Según la OTAN, el último informe de la organización confirma que España estaría ya destinando el 2% de su PIB al gasto militar en 2025, al menos sobre la base de las estimaciones hechas hasta el 3 de junio.
La forma de financiar este salto presupuestario ha generado polémica. El Gobierno ha apuntado a una combinación de fondos procedentes del mecanismo europeo Next Generation EU y a supuestos “ahorros” derivados de los Presupuestos Generales de 2023, los últimos aprobados. Del total del incremento, cerca del 35% se dedicaría a mejorar las condiciones laborales de la tropa y marinería, mientras que unos 3.260 millones irían destinados a modernizar las telecomunicaciones cifradas de las Fuerzas Armadas y a nuevas adquisiciones de material militar.
Este giro se produce además en un contexto político interno complicado. Dentro del propio Gobierno de coalición existen sensibilidades claramente antimilitaristas, no hay unos Presupuestos Generales del Estado nuevos alineados con este esfuerzo y buena parte de las decisiones se han tomado sin un debate parlamentario profundo. A ello se suma el pasado discurso del propio Pedro Sánchez, que años atrás llegó a defender la supresión del Ministerio de Defensa, algo que sus críticos utilizan ahora para cuestionar la coherencia de su postura.
La respuesta oficial del Ejecutivo español a las críticas externas ha sido doble. Por un lado, se subraya que España no solo aporta dinero, sino también un número importante de efectivos desplegados en misiones y operaciones de la OTAN, especialmente en el flanco oriental. Por otro lado, se insiste en que lo relevante no es tanto alcanzar un porcentaje concreto del PIB como cumplir los “objetivos de capacidades” que la Alianza asigna a cada aliado.
El pulso por el 5% del PIB: Trump, la OTAN y la excepción española
La gran controversia actual gira en torno al nuevo objetivo del 5% del PIB que los jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN han acordado como referencia para 2035. La declaración final de la cumbre celebrada en La Haya recoge que los aliados se comprometen a destinar “al menos” un 3,5% del PIB a necesidades estrictamente militares y hasta un 1,5% adicional a gastos de seguridad más amplios.
El texto subraya que este esfuerzo se justifica por las amenazas crecientes, con mención expresa a Rusia como amenaza a largo plazo para la seguridad euroatlántica y al terrorismo como riesgo persistente. Además, establece que cada año los países deberán presentar planes nacionales que marquen una trayectoria realista para alcanzar las metas fijadas y que en 2029 se revisará tanto la senda de gasto como los objetivos de capacidades, a la luz del contexto estratégico del momento.
En este marco, España ha logrado una posición completamente singular. Aunque el presidente del Gobierno firmó la declaración final junto al resto de aliados, Pedro Sánchez obtuvo previamente del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, un compromiso por escrito que reconoce que nuestro país podría cumplir sus objetivos de capacidades con un nivel de gasto del 2,1% del PIB, y no del 3,5% o del 5% global.
En la práctica, España es el único país que disfruta de una especie de exención respecto al nuevo listón del 5%. Sánchez lo ha presentado como un “éxito” que permite al país seguir siendo un actor relevante en la defensa colectiva sin renunciar a su modelo de Estado del Bienestar. La idea central del Gobierno es que la OTAN debe guiarse por las capacidades reales que aportan los aliados, no por porcentajes rígidos de gasto respecto al PIB.
Donald Trump, sin embargo, ha reaccionado con dureza a esta posición. El presidente estadounidense ha llegado a insinuar la expulsión de España de la Alianza por no asumir el objetivo del 5% y ha amenazado con aumentar los aranceles a productos españoles como medida de presión, aunque de momento no ha materializado esa amenaza. Aun así, la tensión política y mediática ha sido evidente, y en la última cumbre se percibió cierta distancia personal entre ambos mandatarios.
Desde la OTAN, Mark Rutte ha intentado templar el conflicto. El secretario general ha explicado que con España existe “un acuerdo para no estar de acuerdo”: la organización mantiene que, como norma general, el nuevo objetivo para los aliados es el 3,5% de gasto militar más el 1,5% de seguridad ampliada, mientras que el Gobierno español sostiene que puede cumplir sus obligaciones con el 2,1%. A pesar de esa discrepancia, Rutte ha dicho expresamente que cree que España va “en serio” con los compromisos adquiridos.
El coste de llegar al 5% y el choque con el Estado del Bienestar
Uno de los argumentos más repetidos por Pedro Sánchez contra el 5% es el impacto devastador que tendría sobre las cuentas públicas y el Estado del Bienestar. Según cálculos divulgados por el propio presidente, pasar del 2% al 5% de aquí a 2035 supondría un esfuerzo adicional acumulado de unos 350.000 millones de euros.
Para poner esa cifra en contexto, el Gobierno ha presentado varios ejemplos: esa cantidad solo podría recaudarse, según sus estimaciones, subiendo los impuestos a cada trabajador en unos 3.000 euros anuales, o bien eliminando prestaciones por desempleo, enfermedad y maternidad, o recortando todas las pensiones un 40%, o reduciendo a la mitad la inversión estatal en educación. Se trata de escenarios extremos, planteados para ilustrar el choque frontal entre un gasto militar del 5% y el mantenimiento del Estado del Bienestar tal y como hoy lo conocemos.
Este discurso enlaza con otra idea clave del Gobierno español: que el refuerzo de la autonomía estratégica europea no depende tanto de gastar más, sino de gastar mejor y de gastar juntos. Es decir, de mejorar la interoperabilidad entre las Fuerzas Armadas europeas, extender las compras conjuntas de material, armonizar estándares y desarrollar una industria de defensa propia que permita ahorrar costes y reducir dependencias externas.
En este sentido, la UE y la OTAN han puesto el foco en el desarrollo industrial. Los aliados han acordado impulsar rápidamente la cooperación entre las industrias de defensa a ambos lados del Atlántico, aprovechar las tecnologías emergentes y eliminar barreras al comercio de material militar entre socios. La Unión Europea, por su parte, está poniendo en marcha proyectos para reforzar la base industrial de defensa europea, con el objetivo de generar empleo, innovación y autonomía tecnológica.
Aun así, el debate en Europa sobre la financiación del esfuerzo extra es intenso. Países como Lituania han propuesto recurrir a la deuda pública, incluso a nivel europeo, siguiendo el modelo de los fondos de recuperación pospandemia. Sin embargo, esto choca con la nueva ortodoxia fiscal defendida por Bruselas, que tras la COVID-19 ha vuelto a endurecer las reglas de déficit y deuda, haciendo más complicado abrir de nuevo la mano para un gran programa de deuda conjunta.
Beneficios y riesgos del aumento del gasto en defensa
Más allá de los porcentajes concretos, el rearme plantea un doble rostro. Por un lado, desde la óptica de la seguridad, aumentar el gasto en defensa refuerza la capacidad de respuesta frente a amenazas externas en un entorno internacional mucho más volátil, marcado por la guerra en Ucrania, la presión rusa, la inestabilidad en el Sahel y la creciente competencia entre grandes potencias.
Por otro lado, en términos económicos, la defensa puede convertirse en un potente motor de crecimiento. Las inversiones en este sector suelen concentrarse en industrias de alto valor añadido y fuerte contenido tecnológico, con fuertes efectos multiplicadores sobre el tejido productivo, el empleo cualificado y la innovación. Buena parte de las tecnologías que hoy usamos a diario -internet, sistemas de posicionamiento, avances médicos, telecomunicaciones- tienen su origen en programas militares o de seguridad.
La clave está en orientar bien el gasto hacia capacidades de futuro. La naturaleza de la guerra está cambiando rápidamente: proliferan los drones, los ciberataques, la inteligencia artificial aplicada a la defensa, los sistemas automatizados, la guerra electrónica o las capacidades espaciales. Esto obliga a revisar continuamente los programas de armamento tradicionales y adaptarlos a amenazas emergentes, en lugar de limitarse a incrementar volúmenes de gasto sin una estrategia clara.
Al mismo tiempo, el incremento del gasto en defensa tiene una dimensión política. Para muchos socios, cumplir los compromisos supone demostrar solidaridad, credibilidad internacional y unidad de acción con los aliados. En el caso de España, la percepción de socio poco fiable por sus bajos niveles de gasto se arrastra desde hace años y el cambio de tendencia busca también mejorar la reputación del país en los foros atlánticos y europeos.
El riesgo evidente es alimentar una nueva carrera armamentística global. Si cada incremento de un bloque provoca una respuesta del otro, el resultado puede ser un círculo vicioso de gasto militar creciente que drene recursos de otros ámbitos esenciales -sanidad, educación, protección social- y aumente las tensiones internacionales. De ahí que muchos expertos insistan en la necesidad de combinar el refuerzo de la disuasión con iniciativas diplomáticas y de control de armamentos que eviten escaladas descontroladas.
Impacto interno en España: debate político, industria y prioridades sociales
En España, el giro en defensa se entrecruza con otros debates muy sensibles. Por un lado, una parte significativa de la opinión pública y de las fuerzas políticas mantiene posiciones muy críticas con el aumento del gasto militar, lo que obliga al Gobierno a justificar constantemente cada medida y a presentar el rearme como una “necesidad inevitable” más que como una opción política.
Por otro lado, el país arrastra carencias históricas en ámbitos como la sanidad pública. Estudios de institutos económicos señalan que el gasto sanitario -tanto público como privado- no ha dejado de crecer desde 2003. El gasto público ha pasado de unos 78.000 millones de euros a cerca de 129.884 millones, un aumento de alrededor del 67%. El gasto privado también se ha disparado más de un 50%, superando los 33.600 millones el último año analizado.
Los hogares españoles destinan de media unos 631 euros anuales por persona a la salud, según la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE. Aproximadamente la mitad va a gafas, lentes de contacto, aparatos terapéuticos y seguros privados de salud -estas pólizas han crecido notablemente en las últimas dos décadas-, y la otra mitad a medicamentos, servicios dentales y atención médica y hospitalaria. Las personas con mayor renta gastan de media cuatro veces más en salud que las de menores ingresos.
Para reducir esta brecha, algunos expertos proponen ampliar la cartera de servicios públicos para incluir, por ejemplo, la atención odontológica y determinados gastos de óptica, algo que el Gobierno ha empezado a abordar parcialmente con ayudas focalizadas en los jóvenes. Este tipo de medidas se utilizan en el debate político para contraponer prioridades: mientras se discuten miles de millones extra para defensa, persisten carencias en prestaciones sociales básicas.
Frente a esta crítica, el Ejecutivo argumenta que el gasto en defensa también revierte en la economía y en el empleo. El Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, dotado con unos 10.471 millones de euros, se presenta como una palanca para desarrollar sectores estratégicos: inteligencia artificial, big data, robótica, tecnologías cuánticas, biotecnología, nuevas técnicas de fabricación, energía y propulsión, entre otros. Muchas de estas tecnologías son duales, con aplicaciones tanto militares como civiles, y pueden tener un impacto transversal en la competitividad del país.
Además, España se ve a sí misma como “frontera caliente” en el flanco sur de la OTAN, por su proximidad a Marruecos, la diferencia de renta con el norte de África y la inestabilidad del Sahel. Este contexto se utiliza para reforzar la idea de que invertir en defensa no es un lujo, sino una condición para garantizar la seguridad y la estabilidad en un entorno inmediato cada vez más incierto.
La gran incógnita es si España será capaz de mantener el esfuerzo en el tiempo sin generar fatiga social ni desequilibrios presupuestarios graves. La experiencia de otros aliados muestra que aumentar el porcentaje del PIB en defensa es relativamente rápido cuando existe voluntad política, pero sostenerlo y gestionarlo con eficiencia exige una planificación estratégica rigurosa y un amplio consenso interno que, de momento, está lejos de ser pleno en nuestro país.
En conjunto, la evolución del porcentaje del PIB en defensa dentro de la OTAN refleja un cambio de época: la seguridad vuelve a estar en el centro de las decisiones políticas, los aliados europeos se ven obligados a asumir más responsabilidades y España, que durante años fue el farolillo rojo del gasto militar, trata ahora de redefinir su papel entre el compromiso con la Alianza, la protección del Estado del Bienestar y la necesidad de evitar una deriva hacia una carrera armamentística sin control.