
México ocupa una posición geográfica única que lo coloca a medio camino entre América del Norte, Centroamérica y el Caribe. Esa ubicación, sumada a su peso demográfico, económico y cultural, explica por qué su realidad geopolítica está tan marcada por la relación con Estados Unidos, por los flujos migratorios y por la disputa en torno a recursos estratégicos como el petróleo, los minerales o la mano de obra barata.
Al mismo tiempo, el país arrastra heridas históricas de fragmentación territorial, ciclos de regionalismo y centralismo, y una larga dependencia de los vaivenes de la economía global. Hoy, en pleno tránsito hacia un orden mundial más multipolar, México se encuentra en una encrucijada: puede seguir profundizando su integración subordinada con Estados Unidos o aprovechar el nuevo contexto para diversificar socios y reforzar su soberanía.
México en el mapa: tamaño, población y peso económico
México, oficialmente llamado Estados Unidos Mexicanos, es el décimo país más poblado del planeta y el tercero más grande de América Latina en extensión territorial, solo por detrás de Brasil y Argentina. Con unos 125 millones de habitantes y un vasto territorio que abarca desiertos, sierras, selvas y litorales, actúa como puente entre el istmo centroamericano y el resto de América del Norte.
En términos económicos, México es la segunda economía más importante de América Latina y, al mismo tiempo, el país con mayor número de hispanohablantes del mundo. Su capital, Ciudad de México, es uno de los grandes polos urbanos del continente: contando su área metropolitana, agrupa a más de 22 millones de personas, situándose entre las tres aglomeraciones urbanas más pobladas de América.
La ubicación del país, con costas en el océano Pacífico y el mar Caribe, ha sido clave para su inserción en el turismo global, la integración comercial y el control de rutas estratégicas. Pero ese mismo emplazamiento también lo ha colocado en el centro de los grandes flujos de migración y del crimen organizado transnacional.
El norte de México, adyacente a la principal potencia económica y militar del mundo, se ha desarrollado fuertemente ligado a la deslocalización industrial estadounidense, mientras que el sur y sureste han experimentado rezagos históricos, a pesar de concentrar recursos energéticos, biodiversidad y una enorme diversidad cultural.
La frontera con Estados Unidos: corredor económico, migratorio y de seguridad
La imagen tradicional de la frontera norte mexicana como un espacio problemático y militarizado es relativamente reciente. Hasta bien entrado el siglo XIX, el territorio que hoy ocupa la línea divisoria estaba en su inmensa mayoría bajo soberanía mexicana. Tras la guerra de 1846-1848 y el Tratado de Guadalupe-Hidalgo, México perdió amplios territorios del norte (California, Nuevo México, Texas y otras áreas), lo que redefinió radicalmente el mapa regional.
El endurecimiento fronterizo se agudizó tras la Segunda Guerra Mundial, y vivió un salto cualitativo después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Estados Unidos reforzó el control migratorio y de seguridad, interrumpiendo dinámicas cotidianas transfronterizas que durante décadas habían sido relativamente fluidas. Se levantaron muros y vallas, especialmente en los tramos del río Bravo donde no hay barreras naturales claras.
Pese a todo, la frontera sigue siendo una de las más transitadas del mundo. Cada año la cruzan millones de personas, entre ellas cientos de miles de trabajadores que diariamente se desplazan entre ciudades vecinas como Tijuana-San Diego o Ciudad Juárez-El Paso. Este corredor no solo mueve personas, sino también mercancías y capitales en un volumen gigantesco.
El eje migratorio México-Estados Unidos es el mayor corredor de migración internacional del planeta. En torno a 2024, antes de la reelección de Donald Trump, se calculaba una población de unos 11 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos. La diáspora mexicana es tan numerosa que el país se ha convertido en el segundo receptor mundial de remesas, solo por detrás de India.
El modelo de maquiladoras fronterizas, impulsado desde finales del siglo XX, permitió que grandes empresas manufactureras estadounidenses se instalaran en el norte de México, aprovechando los menores costes laborales y regímenes fiscales favorables a la exportación. Especialmente en sectores como el ensamblaje automotriz y de dispositivos electrónicos, estas plantas se han convertido en eslabones clave de las cadenas de producción globales, aunque con limitada transferencia tecnológica y empleo frecuentemente precario.
Migración de tránsito: México como país puente
Más allá de la migración de mexicanos hacia el norte, México se ha consolidado como territorio de paso para personas procedentes de América del Sur y Centroamérica que se dirigen a Estados Unidos. Esta realidad ha cambiado la naturaleza de su política migratoria y sus responsabilidades internacionales.
Las rutas suelen arranca en el tapón del Darién, una selva inhóspita entre Colombia y Panamá, donde miles de migrantes arriesgan la vida para cruzar hacia América Central. Desde allí avanzan por países como Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Guatemala, hasta entrar en México principalmente por los cruces fronterizos cercanos a Tapachula (Chiapas) o Tenosique (Tabasco).
Una vez en territorio mexicano, las distintas rutas confluyen habitualmente en Ciudad de México, que funciona como nodo logístico y administrativo: allí muchos migrantes tramitan solicitudes de protección, regularizan su estancia o se organizan para seguir viaje. El siguiente salto suele orientarse al norte por varios corredores: hacia Monterrey rumbo a Texas, hacia Matamoros, Reynosa o Nuevo Laredo, o bien hacia los pasos de Sonora y Baja California.
Esta condición de país de tránsito ha generado complejas dinámicas con Estados Unidos, que presiona para que México asuma un papel de “muro de contención” migratorio. A cambio, ofrece ayudas financieras, cooperación en seguridad y alivios parciales en otros frentes, lo que introduce un fuerte componente geopolítico en la gestión de la frontera sur mexicana.
La coincidencia espacial entre rutas migratorias y rutas del narcotráfico incrementa la vulnerabilidad de los migrantes, que a menudo son objeto de extorsión, secuestro o trata a manos de criminales, con frecuentes denuncias de complicidad o tolerancia de autoridades locales.
Narcotráfico, violencia y economías ilegales
El narcotráfico se ha convertido en uno de los principales desafíos de seguridad y gobernanza para México. Sus orígenes modernos se remontan en gran medida al estado de Sinaloa, donde desde la década de 1940 se consolidaron redes de producción y tráfico de drogas que con el tiempo dieron lugar a organizaciones criminales de alcance transnacional.
Durante gran parte del siglo XX, el escenario del crimen organizado estuvo dominado por grandes cárteles como el de Sinaloa y el del Golfo. Sin embargo, las operaciones estatales, las detenciones de líderes y las disputas internas provocaron fragmentaciones constantes. Del cártel de Sinaloa surgieron grupos como el cártel de Juárez, el de Tijuana, la organización de los Beltrán Leyva y, posteriormente, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Del cártel del Golfo nacieron los Zetas, conocidos por su extrema violencia, que luego se descompusieron en células como el Cártel del Noreste.
Hoy, la rivalidad central enfrenta sobre todo al cártel de Sinaloa con el CJNG, aunque siguen activos otros grupos regionales como la Nueva Familia Michoacana, con fuerte impacto en estados como Guerrero o el Estado de México. Esta multiplicidad de actores armados contribuye a un contexto de violencia estructural, disputas territoriales y control social en numerosos municipios.
En muchos tramos del territorio, especialmente en la costa del Pacífico y el noreste, las rutas del narcotráfico se superponen con los corredores migratorios. El cártel de Sinaloa domina buena parte de la ruta del Pacífico, desde Guadalajara hacia Sonora, mientras células del Cártel del Noreste y otros grupos disputan el control de los pasos en Tamaulipas y Coahuila. La explotación de migrantes -cobro de cuotas, secuestros, trabajos forzados- se ha convertido en una fuente de ingresos adicional para estas organizaciones.
Un caso especialmente delicado es la crisis del fentanilo en Estados Unidos. Se estima que buena parte de los laboratorios clandestinos que producen esta droga sintética operan en México, abastecidos de precursores químicos procedentes de Asia. El producto, altamente potente y fácil de ocultar, cruza la frontera en cantidades pequeñas pero letales. En 2023 se registraron casi 85.000 muertes anuales asociadas al consumo de fentanilo en Estados Unidos, situando al narcotráfico mexicano en el centro de la agenda bilateral de seguridad.
Los cárteles, sin embargo, no se limitan al negocio de las drogas. En regiones como Michoacán, responsable de aproximadamente el 85% de la producción de aguacate de México, las organizaciones criminales se han infiltrado en la cadena agroindustrial: control de tierras, cobro de “cuotas” a productores, extorsión a empacadoras y manipulación de precios. Las disputas entre facciones por el control de zonas de cultivo han generado un clima permanente de tensión y desplazamientos internos.
Turismo, proyectos de infraestructura y geoeconomía interna
El turismo es un sector estratégico para México, que figura entre los países más visitados del mundo. Destinos como la Riviera Maya, Cancún, Los Cabos, Puerto Vallarta o Acapulco, junto con grandes ciudades como Ciudad de México, Guadalajara o Puebla, concentran millones de visitantes cada año.
La península de Yucatán se ha convertido en uno de los polos turísticos más potentes, pero también en un espacio donde actúan cárteles como Sinaloa o el CJNG, interesados tanto en el tráfico de narcóticos como en el lavado de dinero a través del sector inmobiliario y de servicios.
Con el objetivo de impulsar el desarrollo regional y mejorar la conectividad, el Estado mexicano ha apostado en los últimos años por grandes proyectos de infraestructura ferroviaria. Uno de los más emblemáticos es el Tren Maya, una línea circular de más de 1.500 kilómetros que enlaza distintos puntos de la península de Yucatán con Chiapas. Inaugurado en 2024 en su vertiente ferroviaria, busca dinamizar el turismo, el transporte de mercancías y la integración de comunidades fronterizas con polos turísticos consolidados.
El Tren Maya, no obstante, ha despertado una fuerte polémica por su impacto ambiental. El trazado atraviesa casi 2,9 millones de hectáreas de selva, lo que ha generado críticas de organizaciones ambientales y de sectores de la academia, preocupados por la deforestación, fragmentación de ecosistemas y afectación a comunidades locales.
De forma paralela se impulsa el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, un proyecto que pretende ofrecer una alternativa terrestre al Canal de Panamá. Incluye el Tren Interoceánico de pasajeros y carga, la modernización de los puertos de Coatzacoalcos (Golfo de México) y Salina Cruz (Pacífico), así como la creación de zonas industriales y logísticas a lo largo del istmo. La idea es convertir esta franja del sur mexicano en un nodo clave para el comercio global, integrando mejor al país en las cadenas de suministro entre Asia, América y Europa.
Estos proyectos, de claro carácter geoeconómico, buscan reducir desigualdades regionales, atraer inversión y reforzar el papel de México como hub logístico. Sin embargo, también han suscitado debates sobre su sostenibilidad, el respeto a los derechos de los pueblos originarios y los riesgos de reproducir dinámicas de extractivismo y desigualdad.
Energía y recursos estratégicos: el Golfo de México y más allá
En el ámbito energético, el Golfo de México desempeña un papel absolutamente central. La Sonda de Campeche concentra alrededor de tres cuartas partes de la producción nacional de crudo, lo que convierte a la región en uno de los grandes focos petroleros del mundo. Este peso ha dado a México relevancia estratégica dentro del propio Golfo, donde confluyen los intereses de Estados Unidos y de grandes multinacionales energéticas.
La empresa estatal Petróleos Mexicanos (PEMEX) arrastra una fuerte dependencia tecnológica y financiera de compañías extranjeras como Chevron, Exxon Mobil, BP o Shell, especialmente en lo que se refiere a la explotación de yacimientos en aguas profundas. Esta situación limita la autonomía de decisión, encarece los proyectos y condiciona la balanza de poder en las negociaciones energéticas.
A pesar de esta dependencia, el petróleo sigue siendo un pilar económico para México y una fuente relevante de ingresos fiscales y divisas. La lógica de la transición energética global, el auge de las energías renovables y la presión por reducir emisiones plantean retos adicionales, obligando al país a replantearse su matriz energética a medio y largo plazo.
Más allá de los hidrocarburos, México dispone de abundantes recursos minerales estratégicos, como plata, cobre y litio, cada vez más demandados por la industria tecnológica y la transición hacia vehículos eléctricos. Este potencial refuerza su papel como proveedor clave dentro de las cadenas globales de valor, pero también abre zonas de conflicto entre capital nacional y extranjero, y entre proyectos extractivos y comunidades locales.
La disputa por estos recursos se entrelaza con el debate sobre la soberanía energética y minera, la regulación de la inversión extranjera y el equilibrio entre crecimiento económico, protección ambiental y derechos sociales.
Ciclos de regionalismo y centralismo en la historia geopolítica de México
La historia de México puede entenderse, en buena medida, como una oscilación entre dos grandes ciclos: el regionalismo y el centralismo. Esta lectura, inspirada en análisis geopolíticos de larga duración, plantea que los periodos de fuerte centralismo suelen durar en torno a 300 años, mientras que las fases de predominio regionalista se extienden por unos 200.
Durante los ciclos de centralismo se configura un Estado fuerte, con un poder central muy consolidado, que se expande y gobierna sin depender de grandes pactos o alianzas internas. Es en estos momentos cuando surgen grandes imperios relativamente cohesionados, como los olmecas, la cultura tolteca o, más tarde, el propio Imperio español en su fase virreinal en América.
En esos periodos de centralismo suele haber menos guerras internas de gran intensidad y las invasiones externas tienen menos probabilidades de éxito. Se consideran etapas de apogeo y enriquecimiento, aunque esto no significa que no existan desigualdades o conflictos. En el Virreinato de la Nueva España, por ejemplo, las desigualdades se profundizaron con el paso del tiempo, en parte por los límites tecnológicos de la época en materia de comunicación y transporte, y porque una gran porción de los recursos se desviaba hacia la península ibérica y las guerras europeas.
El ciclo de regionalismo representa casi el reverso. El poder central se debilita, depende de pactos con caudillos locales y elites regionales, y aumenta la probabilidad de guerras civiles, conflictos separatistas y fragmentación territorial. En el caso mexicano, esta fase se expresó con crudeza en el siglo XIX y principios del XX, con múltiples levantamientos, invasiones y pérdidas de territorio.
La Guerra México-Estados Unidos (1846-1848) suele verse como la gran pérdida territorial, pero en realidad fue solo una parte de un retroceso geopolítico más amplio. Años antes, México ya había perdido su influencia sobre Centroamérica, y la devastación de la Guerra de Independencia había mermado su capacidad financiera y política para mantener el control sobre territorios estratégicos como Cuba o las posesiones insulares en el Pacífico, entre ellas Filipinas, conquistadas originalmente por los novohispanos.
En el conflicto contra Estados Unidos, la derrota no se debió tanto a una inferioridad militar en términos de tropas o entrenamiento, sino a la profunda fragmentación política. El ejército que combatió a los estadounidenses era, en la práctica, el ejército del gobierno central en Ciudad de México, mientras que el país estaba atravesado por luchas internas y desconfianzas entre facciones.
Resistencias, separatismos frustrados y construcción del Estado
A pesar de las pérdidas, México también cosechó importantes victorias frente a intentos separatistas. En la década de 1850, por ejemplo, grupos de filibusteros estadounidenses intentaron constituir la República de Baja California, un proyecto que acabó siendo derrotado.
Algo parecido ocurrió con la tentativa de crear la República del Río Grande, impulsada por sectores separatistas de Tamaulipas, Coahuila y parte de Nuevo León. La insurrección fue sofocada y el territorio se mantuvo bajo soberanía mexicana. Más al sur, a principios del siglo XX, el Estado mexicano venció movimientos separatistas de comunidades mayas que buscaban autonomía territorial.
Este contexto de regionalismo y conflicto interno explica por qué, incluso cuando los liberales triunfaron políticamente, no se instauró una democracia plena, sino regímenes más bien autoritarios cuyo objetivo principal era preservar la unidad del territorio y evitar una mayor degradación geopolítica. El desarrollo social y democrático quedaba muchas veces en segundo plano frente a la urgencia de controlar caudillos, caciques y grupos de poder locales.
Las instituciones debilitadas, la pobreza y la violencia minaron la imagen del país. Hacia finales del siglo XIX, el geógrafo y politólogo alemán Friedrich Ratzel percibió un México conflictivo y desgastado, muy distinto al que había deslumbrado a Alexander von Humboldt a inicios del mismo siglo. La degradación geopolítica se tradujo en estancamiento cultural, político, social y económico.
Un contraste útil para entender esta dinámica es el caso de Japón. Durante siglos, el archipiélago estuvo sumido en luchas entre distintos daimyō (señores feudales). Ese prolongado regionalismo impidió la expansión externa, pero también mantuvo al país en un sistema feudal dominado por los sámurai. Solo con la Restauración Meiji, a finales de la década de 1860, se produjo un giro hacia el centralismo, con un Estado fuerte que impulsó la modernización y la mejora notable de las condiciones de vida, en paralelo al aumento del poder militar japonés.
Mientras Japón consolidaba su transición hacia un centralismo modernizador, México se encontraba todavía inmerso en su ciclo regionalista, con caudillos y caciques dominando múltiples regiones. Esa diferencia histórica marcó el tipo de desafíos que cada nación tuvo que enfrentar y las velocidades de su desarrollo.
México frente al orden internacional: de la Guerra Fría a la multipolaridad
La estructura del orden internacional condiciona de forma directa el margen de soberanía real de cada Estado. Durante la Guerra Fría, el mundo estuvo organizado en un esquema bipolar: el campo capitalista liderado por Estados Unidos y el socialista encabezado por la URSS. Todos los Estados, incluso los que se declaraban no alineados, se veían obligados en la práctica a decantarse por un bloque u otro.
En América Latina, esto significaba que los gobiernos debían adoptar públicamente una postura anticomunista, reprimir movimientos sociales y políticos de inspiración socialista, evitar reformas de corte revolucionario (como grandes redistribuciones de tierra o nacionalizaciones masivas de sectores estratégicos) y mantener una cooperación estrecha en seguridad con Estados Unidos. La soberanía de los Estados latinoamericanos quedaba seriamente acotada por estas exigencias.
Al terminar la Guerra Fría y colapsar el bloque socialista, se impuso un momento unipolar con Estados Unidos como única superpotencia. En lugar de poder elegir entre “reglas soviéticas” o “reglas estadounidenses”, todos los países se vieron obligados a seguir el modelo impulsado desde Washington: el neoliberalismo, que marcó la agenda económica, política y cultural en gran parte del mundo.
En América Latina, los países que intentaron salirse del guion neoliberal -como Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia o durante un tiempo Ecuador- fueron sometidos a fuertes presiones económicas, políticas, mediáticas e incluso militares. La capacidad de diseñar estrategias de desarrollo autónomas se redujo todavía más que durante la propia Guerra Fría.
La guerra en Ucrania, iniciada abiertamente en 2022, ha sido vista por muchos analistas como un punto de inflexión que simboliza el declive del mundo unipolar. La incapacidad de la OTAN para derrotar a Rusia, la falta de apoyo mayoritario en la comunidad internacional a las posiciones de Estados Unidos y el fracaso relativo de las sanciones económicas masivas muestran que el poder estadounidense ya no es incuestionable.
México en la globalización, el neoliberalismo y el giro multipolar
En este contexto, México ha experimentado varios giros de modelo de desarrollo. Durante buena parte del siglo XX, en el marco del orden bipolar, el país siguió una estrategia de industrialización por sustitución de importaciones (ISI), con un Estado interventor y desarrollista inspirado, en parte, en el keynesianismo promovido por Estados Unidos tras la crisis de 1929.
Fue la época del llamado “Milagro Mexicano” y el Desarrollo Estabilizador: fuerte crecimiento económico, expansión de la industria nacional y cierto margen de maniobra para aplicar políticas de desarrollo propias, siempre que México no se acercara al campo socialista y reprimiera los movimientos de izquierda internos.
A partir de los años ochenta, con el auge del neoliberalismo y el debilitamiento del bloque socialista, Estados Unidos impulsó un profundo reajuste. México adoptó reformas estructurales, abrió su economía y firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ahora T-MEC. Este acuerdo consolidó una integración económica asimétrica y subordinada con Estados Unidos, que se convirtió en el eje del modelo de crecimiento mexicano.
El discurso oficial prometía que México entraría al “primer mundo” y dejaría de ser pobre. Pero el resultado fue diferente a lo esperado: la industria nacional se debilitó, la agricultura dejó de producir muchos alimentos básicos para el mercado interno y se orientó hacia productos de exportación demandados por Estados Unidos (aguacate, frutos rojos, jitomate, etc.). El país se especializó en maquila y ensamblaje para cadenas globales, sin que se produjeran grandes transferencias de tecnología ni mejores condiciones laborales.
A ello se suma que numerosas empresas transnacionales pagan la mayor parte de sus impuestos en sus países de origen, aprovechando regímenes fiscales favorables en México. El resultado ha sido un crecimiento económico mediocre, altos niveles de dependencia respecto a la economía estadounidense y un aumento considerable de la pobreza y la desigualdad.
En el nuevo orden multipolar, impulsado por el creciente peso de China y otros actores como India, Rusia o la propia Unión Europea, se abren ventanas de oportunidad. Para América Latina, el ascenso económico chino ha permitido reducir parcialmente la subordinación a Estados Unidos, al ofrecer nuevas fuentes de financiamiento, inversión y comercio.
¿Cuánto margen real tiene México para diversificar sus alianzas?
Algunos analistas sostienen que, incluso en un mundo multipolar, la realidad geopolítica de México apenas cambiaría, ya que cualquier acercamiento fuerte a potencias rivales de Estados Unidos -como China- podría ser visto en Washington como una amenaza directa, susceptible de provocar reacciones severas.
Esta visión suele equiparar la posición de México frente a Estados Unidos con la de Ucrania frente a Rusia: un Estado limítrofe cuyo acercamiento a un actor rival (por ejemplo, la OTAN en el caso ucraniano) desencadena una respuesta militar. Sin embargo, este paralelismo ignora diferencias importantes entre las dimensiones económica y militar de las relaciones internacionales.
En el caso ucraniano, Rusia reaccionó militarmente cuando percibió una amenaza directa de seguridad, vinculada a la posibilidad de que Ucrania albergara armamento de la OTAN o se integrara de lleno en la estructura militar occidental. Mientras Kiev solo buscó intensificar sus lazos económicos con la Unión Europea, Moscú no lanzó una ofensiva de esa magnitud.
De ahí se desprende una lección relevante para México: puede ampliar y profundizar relaciones económicas con otros actores -China, Europa, India, América Latina- sin necesidad de comprometerse en alianzas militares que desafíen directamente a Estados Unidos. Existen precedentes claros: países como Australia, Japón, Filipinas o Corea del Sur tienen a China como principal socio comercial sin estar alineados militarmente con Beijing, e incluso manteniendo tratados de defensa con Washington.
Las condiciones objetivas permitirían a México diversificar socios y estrategias de desarrollo, reforzando su soberanía y reduciendo la dependencia de un solo mercado. Sin embargo, la línea seguida por los gobiernos recientes -incluyendo las administraciones de López Obrador y Claudia Sheinbaum- apunta más bien a profundizar la integración con Estados Unidos, bajo la premisa de que el crecimiento mexicano depende esencialmente del “tirón” de la economía estadounidense.
T-MEC, CELAC y las alternativas regionales para México
La pertenencia al T-MEC ofrece ventajas innegables: acceso privilegiado a un mercado enorme y de alto poder adquisitivo, localización estratégica para cadenas de suministro y potencial para el nearshoring (relocalización de plantas desde Asia hacia el norte de México). Pero la experiencia de casi tres décadas muestra que, sin políticas de desarrollo propias, el tratado perpetúa una estructura productiva orientada a la maquila y a la exportación de materias primas.
Frente a este escenario, algunos plantean que México debería mirar con más atención hacia mecanismos de integración latinoamericana como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Este bloque reúne a 33 países y alrededor de 600 millones de habitantes, con economías que, aunque heterogéneas, comparten problemas y niveles de desarrollo más comparables entre sí que con Estados Unidos o Canadá.
La CELAC busca promover la integración política, económica, cultural, social y educativa, y actúa como plataforma de interlocución conjunta con otras regiones del mundo, incluida la Unión Europea, China, Rusia, el mundo árabe, Corea o Japón. A diferencia del T-MEC, donde las asimetrías son abismales, en el espacio latinoamericano las brechas de poder son menores, lo que abre la puerta a acuerdos más equilibrados.
Para un país como México, con una población mayoritariamente joven y una amplia base de recursos naturales, apostar por una mayor articulación con América Latina y el Caribe podría significar diversificar exportaciones, cooperar en ciencia y tecnología en pie de mayor igualdad y avanzar agendas comunes en foros globales (cambio climático, reforma del sistema financiero internacional, migraciones, etc.).
En el fondo, la cuestión es qué modelo de desarrollo se quiere: si se persiste en la estrategia neoliberal de las últimas cuatro décadas, la alianza casi exclusiva con Estados Unidos parece suficiente; pero si el objetivo es reducir la dependencia, fortalecer la soberanía y potenciar un crecimiento más equitativo, convendrá mirar también hacia el sur y hacia otros polos del sistema internacional.
La geopolítica de México está marcada por una mezcla intensa de ventajas estratégicas y vulnerabilidades: su posición como puente continental, su enorme frontera con Estados Unidos, su riqueza energética y mineral, su papel en las rutas migratorias y del narcotráfico, y sus ciclos históricos de centralismo y regionalismo condicionan su margen de maniobra. En un mundo cada vez más multipolar, donde China, Europa y otros actores ganan peso frente a Washington, el país dispone de más espacio que nunca para redefinir sus alianzas y su modelo de desarrollo; si ese potencial se traduce o no en un proyecto soberano y menos desigual dependerá, en última instancia, de las decisiones políticas internas y de la capacidad de articular una estrategia que ponga en el centro el interés nacional a largo plazo por encima de inercias y presiones externas.