El debate sobre el compromiso de gasto en defensa dentro de la OTAN se ha convertido en uno de los temas más calientes de la política española y europea en los últimos años. La combinación de la guerra en Ucrania, el deterioro del entorno de seguridad global y el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha disparado las tensiones en el seno de la Alianza Atlántica, y España se ha colocado en el centro del foco mediático por su postura singular ante el objetivo del 5% del PIB.
En este contexto, el Gobierno de Pedro Sánchez ha defendido con firmeza que España es un aliado fiable que cumple sus compromisos, pero que no está dispuesta a asumir un incremento del gasto militar hasta el 5% de su Producto Interior Bruto. En su lugar, ha negociado con la OTAN un marco flexible que prioriza el cumplimiento de los Objetivos de Capacidades militares frente a un umbral fijo de gasto, lo que ha generado apoyos, críticas y un intenso cruce de declaraciones a nivel nacional e internacional.
Origen del nuevo objetivo del 5% del PIB en la OTAN
La OTAN ha ido adaptando progresivamente sus metas de inversión en defensa a medida que el entorno de seguridad internacional se ha deteriorado. Tras la cumbre de Gales de 2014, se estableció como objetivo político que los aliados destinaran al menos el 2% de su PIB al gasto militar. Durante años, este 2% se consideró una meta aspiracional más que una obligación estricta, y numerosos países, entre ellos España, no llegaron a cumplirla sin que se les impusieran sanciones formales.
Sin embargo, la invasión rusa de Ucrania en 2022 y la escalada de tensiones geopolíticas han empujado a la Alianza a ir un paso más allá. La Declaración de la Cumbre de La Haya recoge el compromiso de los Estados miembros de invertir anualmente el 5% del PIB en necesidades básicas de defensa y otros gastos relacionados con defensa y seguridad de cara a 2035. Este 5% se desglosa en dos grandes bloques de gasto militar y de seguridad ampliada.
De acuerdo con el nuevo marco pactado, un 3,5% del PIB se destinaría a gasto militar básico: compra de material, mantenimiento y operación de las tropas, cumplimiento de los objetivos de capacidades aprobados por la OTAN, modernización de equipamiento y sostenimiento de infraestructuras críticas para la defensa. El 1,5% restante se dirigiría a inversiones vinculadas a la seguridad más amplia, como movilidad militar, ciberseguridad, cooperación civil-militar o refuerzo de la resiliencia de infraestructuras esenciales.
Este acuerdo, según explica el profesor de Derecho de la Unión Europea Julio Guinea, debe entenderse como un compromiso político de orientación estratégica, adoptado por consenso dentro de la OTAN, pero sin el carácter jurídicamente vinculante de un tratado internacional clásico. La organización carece de mecanismos punitivos internos para imponer este porcentaje a los países que no lo alcancen, por lo que las consecuencias se mueven más en el terreno político y reputacional que en el legal.
El acuerdo específico de España con la OTAN
La posición de España respecto a este 5% ha sido especialmente singular. Desde el principio, el Ejecutivo de Pedro Sánchez dejó claro que considera desproporcionado e innecesario elevar el gasto militar hasta ese nivel, tanto por razones económicas como por coherencia con el modelo de Estado del bienestar que defiende. España ha optado por defender un enfoque basado en capacidades concretas más que en porcentajes rígidos de PIB.
Según ha detallado el propio presidente del Gobierno, los técnicos de las Fuerzas Armadas han calculado que España requiere alrededor de un 2,1% del PIB para adquirir y mantener todo el personal, equipos e infraestructuras que la OTAN le asigna en sus Objetivos de Capacidades militares. Es decir, con un 2,1% se podrían cubrir los compromisos de defensa colectiva asumidos por el país en el marco aliando, sin llegar a la meta general del 5% de inversión anual.
Esta estimación parte de una realidad clave que Sánchez ha subrayado en sus comparecencias: la OTAN siempre ha trabajado, en la práctica, sobre la base de las capacidades efectivas de los aliados y no sobre porcentajes rígidos de PIB. Existen fuertes asimetrías entre los miembros, tanto en los salarios del personal militar como en los costes de fabricación o compra de material. Un soldado puede cobrar el triple en un país que en otro, y determinados sistemas de armas pueden costar la mitad dependiendo del lugar donde se produzcan.
Tras duras negociaciones con la Secretaría General de la OTAN y con el propio Mark Rutte al frente, se alcanzó un acuerdo interpretativo que ofrece a España una flexibilidad explícita para fijar su propio porcentaje de gasto, siempre que cumpla al detalle los Objetivos de Capacidades. Esto se ha plasmado en ligeros retoques del texto de la declaración final de la Cumbre de La Haya y, sobre todo, en un intercambio de cartas entre Rutte y Sánchez.
En su misiva al presidente español, el secretario general de la OTAN indica que entiende que España está convencida de poder cumplir los Objetivos de Capacidades con una senda de gasto inferior al 5% del PIB, y confirma que el acuerdo de la cumbre le permitirá determinar soberanamente su propia trayectoria de inversión. Además, precisa que España presentará planes anuales y que todo será revisado en 2029 a la luz del panorama estratégico, momento en el que los Objetivos de Capacidades podrían actualizarse.
Por su parte, Sánchez responde aceptando la declaración final en la medida en que se interpreta que el compromiso español se refiere a cumplir íntegramente y a tiempo los Objetivos de Capacidades, con independencia del porcentaje de PIB que ello implique. Remata subrayando que España seguirá siendo un aliado comprometido y fiable dentro de la Alianza, reforzando así la idea de que el desacuerdo no es sobre el fondo del compromiso de defensa colectiva, sino sobre la forma de medir el esfuerzo.
Consecuencias económicas de subir el gasto militar al 5%
Uno de los argumentos centrales del Gobierno español contra el 5% es el impacto demoledor que tendría sobre el Estado del bienestar. Pedro Sánchez ha puesto cifras concretas sobre la mesa para ilustrar el coste de pasar del entorno del 2% al 5% del PIB en gasto de defensa de aquí a 2035, concluyendo que supondría destinar unos 350.000 millones de euros adicionales durante el periodo.
Para hacerse una idea de la magnitud, se ha explicado que esta subida equivaldría a tener que incrementar los impuestos en unos 3.000 euros anuales por trabajador y trabajadora, o a recortar drásticamente partidas sociales esenciales. Entre las posibilidades teóricas que se han mencionado: eliminar las prestaciones por desempleo, enfermedad y maternidad; reducir alrededor de un 40% todas las pensiones; o recortar a la mitad la inversión estatal en educación. Se trata de ejemplos que buscan dejar claro que, en opinión del Gobierno, el 5% es incompatible con el modelo social español.
Además, el Ejecutivo insiste en que el refuerzo de la autonomía estratégica europea no pasa por gastar más sin más, sino por gastar mejor y de forma coordinada. De ahí su defensa de la compra conjunta de armamento, el desarrollo de una industria de defensa propia fuerte y la vieja aspiración de construir un verdadero Ejército Europeo común. En esta lógica, invertir bien y en cooperación permite optimizar recursos y evitar duplicidades que disparan el gasto sin mejorar realmente la seguridad.
En paralelo, otros análisis económicos subrayan que, si bien el rearme supone una carga notable para las cuentas públicas, también puede actuar como motor de crecimiento e innovación. La industria de defensa suele arrastrar sectores de alto valor añadido, generar empleo cualificado y provocar efectos multiplicadores sobre el tejido productivo. Muchas tecnologías que hoy son de uso cotidiano -desde internet hasta determinados avances médicos o de comunicaciones- tuvieron origen o impulso en la investigación militar.
No obstante, este razonamiento no elimina el dilema de fondo: en un país con un gasto sanitario público y privado en aumento, pensiones presionadas por el envejecimiento demográfico y una desigualdad persistente en el acceso a servicios de salud, cualquier desvío masivo de recursos hacia defensa plantea serios debates de prioridad política. De hecho, mientras el gasto sanitario público ha crecido un 67% desde 2003, hasta rozar los 130.000 millones de euros, y el gasto privado supera ya los 33.600 millones, las familias españolas asumen cada vez más pagos directos en salud, desde óptica y odontología hasta seguros médicos privados.
La situación actual del gasto en defensa en España
En términos cuantitativos, España sigue estando en la parte baja de la tabla dentro de la OTAN si se mira el gasto en defensa como porcentaje del PIB. Para 2024, el esfuerzo militar español se ha situado en torno al 1,29% del PIB, claramente por debajo del 2% fijado como meta inicial y a años luz del 5% ahora de referencia política. Mientras tanto, países como Polonia se acercan o superan el 4% de su PIB, Estonia ronda el 3,4% y Estados Unidos invierte alrededor del 3,3%.
Este nivel de gasto responde en gran medida a una inercia histórica: España ha disfrutado durante décadas de la cobertura de seguridad proporcionada por la OTAN, con un importante peso de Estados Unidos, sin que la sociedad percibiera una amenaza directa que justificase grandes incrementos presupuestarios. Algunos analistas han descrito esto como un “efecto parásito”: beneficiarse del paraguas militar norteamericano contribuyendo menos que otros socios, lo que ha alimentado reproches desde Washington.
Con todo, el Gobierno ha empezado a mover ficha. En 2024, el presupuesto de defensa alcanzó los 19.723 millones de euros, cifra que refleja un aumento respecto a ejercicios anteriores. Y en abril de 2025, Pedro Sánchez anunció un nuevo salto: un incremento extraordinario de 10.471 millones destinado a un gran Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, con la idea de llegar ya en 2025 al famoso 2% del PIB.
Este plan prevé destinar aproximadamente un 35% del nuevo gasto a mejorar las condiciones laborales del personal de tropa y marinería, y alrededor de 3.260 millones a modernizar las telecomunicaciones cifradas de las Fuerzas Armadas, así como a la compra de nuevo material militar. Además, pone el foco en impulsar sectores tecnológicos estratégicos de carácter dual, es decir, con aplicaciones tanto militares como civiles.
Entre las áreas destacadas en el plan figuran la inteligencia artificial, el Big Data, la robótica, las tecnologías cuánticas, la comunicación segura, el ámbito espacial, la biotecnología, las nuevas técnicas de fabricación y los sistemas de energía y propulsión avanzados. Todas ellas están identificadas por la OTAN como capacidades críticas para la defensa colectiva en un entorno geopolítico cada vez más complejo y tecnificado.
Rearme, alta tecnología y dilemas políticos internos
El incremento de la inversión militar no es solo una cuestión de números; también abre un debate interno intenso en la política española. Sánchez debe implementar esta subida del gasto en un contexto de gobierno de coalición donde una parte de sus socios mantiene posiciones claramente antimilitaristas y recela de cualquier avance en materia de armamento, bases o exportaciones de defensa.
Además, la previsión de alcanzar el 2% del PIB sin contar con unos Presupuestos Generales del Estado específicamente aprobados para ello, ni un debate parlamentario detallado, ha sido utilizada por la oposición -especialmente por el Partido Popular- para acusar al Ejecutivo de comprometer recursos de futuro cuando quizá ya no siga en el poder. Alberto Núñez Feijóo ha criticado que se “hipoteque” el gasto militar para los próximos diez años sin pasar por el Congreso, calificándolo de maniobra de “patada hacia adelante”.
A estas tensiones se suman los reproches históricos sobre la actitud de Sánchez hacia la propia estructura de defensa. Sus críticos recuerdan que, años atrás, el actual presidente se mostró favorable incluso a suprimir el Ministerio de Defensa, algo que contrasta con el papel que hoy reivindica como impulsor de un ambicioso plan de rearme y modernización tecnológica. Esta aparente contradicción alimenta la desconfianza de quienes ven en los nuevos anuncios una operación más cosmética que estructural.
En el plano internacional, la decisión española de no asumir el 5% genera también dudas sobre su fiabilidad y peso político dentro de la OTAN. Aunque el acuerdo con Rutte evita un choque frontal en la cumbre y garantiza que España no quede fuera del paraguas protector ni del consenso general, algunos aliados pueden interpretar la excepción española como un síntoma de falta de compromiso, con el riesgo de que se reduzca su influencia en debates clave de la Alianza.
No obstante, desde la óptica del Gobierno, el rearme no debe verse como una imposición ajena, sino como una necesidad que puede traer beneficios estratégicos y económicos. Se insiste en que España es una frontera caliente en su relación con Marruecos y el vecindario sur, que el entorno global es más volátil que nunca y que la integración en la estrategia común europea de defensa permite aprovechar economías de escala y sinergias tecnológicas que compensan en parte el esfuerzo presupuestario.
Compromisos políticos, legalidad y presión reputacional
Desde el punto de vista jurídico, el nuevo compromiso del 5% en defensa y seguridad es, según los expertos, un acuerdo político sin fuerza legal coercitiva. No equivale a un tratado internacional ratificado ni obliga automáticamente a los Estados a modificar sus leyes internas o presupuestos en un sentido determinado. La OTAN funciona como una organización de cooperación, sin un régimen de sanciones interno para quienes no alcancen los objetivos de gasto.
Esto no significa, sin embargo, que el incumplimiento salga gratis. En la práctica, un país que se mantenga muy por debajo de la media de esfuerzo militar se expone a una fuerte presión política, diplomática y reputacional. Podría ver reducida su capacidad de influencia interna dentro de la Alianza y despertar la desconfianza de socios clave, en particular de Estados Unidos, que sigue asumiendo la mayor parte del coste colectivo.
El precedente más claro es el objetivo del 2% fijado en Gales en 2014. Muchos aliados no alcanzaron esa cifra en el plazo previsto y no por ello fueron sancionados, pero sí sufrieron críticas públicas, especialmente desde Washington. Esta dinámica se repite ahora con el 5%, elevando el listón y multiplicando las posibilidades de fricción política entre los Estados cumplidores y los rezagados.
En el caso de España, la negociación para introducir flexibilidad en la declaración final de la Cumbre de La Haya buscaba precisamente evitar una ruptura de la unidad aliada y mantener la coherencia interna del proyecto de seguridad colectiva. Moncloa asegura que nunca se planteó bloquear la cumbre, y que la alternativa ofrecida a Rutte fue o bien matizar la redacción o bien incluir una cláusula que permitiera a España descolgarse del compromiso de gasto. Al final, se optó por una combinación de ambas opciones.
Las comparaciones con la llamada “excepción ibérica” en materia energética no se han hecho esperar. Igual que España y Portugal lograron en su momento limitar el precio del gas y abaratar la electricidad frente al resto de la UE, ahora el Ejecutivo presenta esta fórmula de flexibilidad como un ejemplo de negociación exitosa que permite defender el interés nacional sin romper con el bloque. Sus detractores, en cambio, lo interpretan como un intento de vender como victoria lo que no deja de ser una renuncia a cumplir la meta compartida.
Contexto internacional: Trump, tensiones y gasto militar global
Todo este debate no puede separarse del contexto internacional marcado por el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y por el significativo aumento del gasto militar a nivel global. Según el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI), en 2023 el gasto militar mundial alcanzó los 2,29 billones de euros, un 6,8% más que el año anterior, registrando el mayor incremento desde 2009.
Estados Unidos sigue siendo el mayor inversor mundial en defensa, con un presupuesto cercano a los 916.000 millones de dólares, lo que triplica el gasto de China (unos 296.000 millones) y multiplica por nueve el de Rusia (alrededor de 109.000 millones). India y Arabia Saudí completan el grupo de países con mayor inversión en capacidades militares. En conjunto, el gasto militar de los miembros de la OTAN ronda los 1,26 billones de euros, de los cuales cerca del 68% corresponde a Estados Unidos.
En este marco, Trump ha vuelto a la carga con su viejo argumento de que muchos aliados europeos se aprovechan del “viaje gratis” bajo el paraguas de seguridad estadounidense sin aportar lo que les corresponde. Durante la cumbre aliada, llegó a amenazar con negociar un acuerdo comercial directo con España para “hacerle pagar el doble” si se niega a elevar su gasto en defensa al 5%. A su juicio, es injusto que algunos países “no paguen” lo que los demás y confíen en que otros cubran la factura.
Estas declaraciones se enmarcan en una estrategia de presión pública que ya se vio en su primer mandato, pero que ahora se ve reforzada por el nuevo contexto de confrontación geopolítica abierta no solo en Europa del Este, sino también en Oriente Próximo y otras regiones. La percepción de que “el mundo se asoma a un abismo oscuro”, en palabras de Sánchez, con potencias que se bombardean, amenazas nucleares cruzadas y una población civil cada vez más castigada, refuerza el argumento de quienes consideran inevitable un rearme acelerado y sostenido.
Al mismo tiempo, este clima tenso alimenta el temor a una nueva carrera armamentística global con reacciones políticas desmedidas que puedan aumentar el riesgo de errores de cálculo y conflictos abiertos. La prudencia ante el peligro de sobre-reacciones se ha convertido en una constante en los discursos de quienes, como el Gobierno español, tratan de equilibrar la necesidad de reforzar la defensa con el mantenimiento de la estabilidad económica y social interna.
En este escenario tan enrevesado, España intenta moverse en una línea fina: proyectarse como socio serio que cumple sus obligaciones de capacidades militares, aprovechar el rearme para impulsar su industria tecnológica y de defensa, y, al mismo tiempo, preservar su Estado del bienestar y su autonomía política a la hora de decidir hasta dónde subir el gasto. La clave, de cara a los próximos años, será si esta vía intermedia logra mantener la confianza de sus socios dentro de la OTAN y de su propia opinión pública, mientras las amenazas externas y las presiones internas siguen, previsiblemente, en aumento.