El debate sobre el gasto en defensa dentro de la OTAN se ha convertido en uno de los asuntos más delicados de la política europea y española en los últimos años. La combinación de una situación geopolítica mucho más tensa, la guerra en Ucrania, la presión de Estados Unidos y las nuevas metas de inversión militar ha obligado a prácticamente todos los gobiernos aliados a revisar sus prioridades presupuestarias.
España, que durante décadas se ha mantenido entre los socios que menos porcentaje de su PIB dedica a defensa, ha vivido en muy poco tiempo un giro de guion: ha pasado de moverse en niveles cercanos al 1% del PIB a alcanzar el famoso 2% comprometido en la OTAN, mientras intenta resistirse al nuevo listón del 5% que algunos líderes, con Donald Trump a la cabeza, quieren imponer a medio plazo. Todo ello abre un debate de fondo sobre seguridad, modelo social, industria militar y el papel que Madrid quiere jugar en la escena internacional.
Evolución del gasto en defensa de la OTAN desde 2014
Desde 2014, el gasto en defensa como porcentaje del PIB ha ido creciendo de forma sostenida en la mayoría de los aliados. Ese año se produjo un punto de inflexión: la anexión de Crimea por parte de Rusia llevó a los jefes de Estado y de Gobierno reunidos en la Cumbre de Gales a fijar un compromiso común, conocido como el «Compromiso de Gales», para que en el plazo aproximado de una década todos se acercasen o superasen el 2% del PIB en defensa.
En términos agregados, la media de la OTAN ha pasado del entorno del 2,58% a aproximadamente el 2,71% del PIB en 2024, lo que refleja un esfuerzo continuado y, sobre todo, una aceleración muy notable desde el estallido de la guerra de Ucrania en 2022. El presupuesto general de la Alianza llegó a aumentar en torno a un 11% en términos reales entre 2023 y 2024, y el número de países que ya cumplían la meta del 2% se duplicó en apenas un año.
Si miramos el mapa de la OTAN, el crecimiento del gasto no ha sido homogéneo. Los países de Europa del Este, especialmente los que se sienten más expuestos a la amenaza rusa, han realizado aumentos muy bruscos: Polonia, Estonia, Letonia o Lituania no solo han escalado posiciones en el ranking de esfuerzo militar, sino que varios de ellos ven con buenos ojos ir más allá del 2% y acercarse a las nuevas metas del 3,5% o incluso del 5% de PIB.
En cambio, buena parte de los socios de Europa occidental se ha movido con mucha más cautela, condicionada por debates internos sobre la presión fiscal, el mantenimiento del Estado del bienestar y la sostenibilidad de la deuda pública. Aun así, incluso países tradicionalmente reacios a grandes presupuestos militares, como Alemania, han terminado rompiendo décadas de infrafinanciación y superando el 2% por primera vez desde principios de los noventa.
Estados Unidos se mantiene como el pilar del gasto militar en la OTAN, pero con matices. En porcentaje del PIB se mueve ligeramente por encima del 3% (alrededor del 3,2-3,3%), una cifra que incluso ha bajado gradualmente desde 2014, cuando rondaba el 3,7%. Sin embargo, en términos absolutos sigue siendo un gigante: su presupuesto militar ronda los 900.000 millones de dólares, casi triplicando el de China y multiplicando por varias veces el de Rusia, lo que se traduce en cerca de dos tercios del gasto total de todos los aliados juntos.
Quién gasta más (y quién menos) en la OTAN
Si ponemos el foco en el esfuerzo relativo respecto al PIB, Polonia se ha convertido en el auténtico abanderado del gasto en defensa. Su inversión ronda el 4,1-4,5% del PIB, y el propio Gobierno polaco se ha marcado metas aún más ambiciosas, cercanas al 4,7%. Esta apuesta se entiende en el marco de la amenaza que percibe desde Rusia y su voluntad de convertirse en un referente militar en Europa Central.
Estonia, Lituania y Letonia forman otro bloque de alto esfuerzo. Estonia supera ampliamente el 3% del PIB en defensa y ha anunciado que tiene intención de dedicar entre el 5% y el 6% de su PIB militar al menos hasta 2030. Lituania se mueve en cifras cercanas al 4% y se ha fijado también como reto alcanzar el 5% en la próxima década, mientras que Letonia ronda el 3,7%. En esta región, el incremento no se percibe como una imposición externa, sino casi como una necesidad existencial ligada a la seguridad nacional.
En el otro extremo, varios aliados europeos todavía se sitúan por debajo del 2% o se acaban de incorporar a ese grupo. Luxemburgo, Bélgica, Eslovenia, Portugal, Croacia o Canadá han estado durante años por debajo del nivel de referencia. España ha sido, de hecho, uno de los casos más rezagados, aunque en el último tramo ha acelerado de manera muy intensa para alcanzar el umbral exigido por la OTAN.
Conviene subrayar que la cifra de gasto no es el único indicador que la Alianza toma en consideración. La OTAN también mira con lupa el porcentaje del presupuesto que se destina a inversión en equipos y capacidades, no solo a personal y mantenimiento. En este terreno, España aparece sorprendentemente bien situada, con alrededor del 44% de su gasto de defensa dedicado a la adquisición de equipos, muy por encima de la directriz mínima del 20% marcada por la organización.
Más allá de Europa y Norteamérica, el panorama mundial del gasto militar ayuda a entender este contexto de rearme. Según el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI), el gasto militar global alcanzó en 2023 alrededor de 2,29 billones de euros, con la mayor subida desde 2009 (en torno a un 6,8% respecto al año anterior). Estados Unidos, China, Rusia, India y Arabia Saudí forman el núcleo de los mayores inversores en capacidades militares, lo que alimenta la sensación de una nueva carrera armamentística.
El caso particular de España: de farolillo rojo al 2%
La trayectoria de España en materia de gasto en defensa ha sido muy peculiar. En los años ochenta, el presupuesto militar español llegó a situarse por encima del 2% del PIB. A partir de entonces inició un descenso progresivo que culminó en un mínimo histórico cercano al 0,8% en 2016. Durante casi toda la década de 2010, Madrid se mantuvo como uno de los socios que menos esfuerzo hacía en comparación con el resto de la OTAN.
En 2014, cuando los aliados acordaron en Gales acercarse al 2% en una década, España apenas dedicaba alrededor del 0,92-0,93% del PIB a defensa. No fue hasta 2020 cuando el país logró superar de nuevo el 1%, umbral que no tocaba desde 2012. A partir de ahí, y espoleado por el deterioro del entorno internacional, el gasto empezó a remontar con más decisión: en 2024 se situó aproximadamente en el 1,28-1,40%, todavía lejos del objetivo, pero ya en clara trayectoria ascendente.
En términos absolutos, el presupuesto de defensa español se movía en torno a los 19.700 millones de euros en 2024, cifra que suponía un aumento notable respecto a años previos pero seguía por debajo del 2% comprometido. En este punto, España era vista dentro de la OTAN como un socio que aportaba efectivos a misiones y despliegues, pero que no se implicaba al mismo nivel en la vertiente presupuestaria.
La gran sacudida llegó en 2025. El Gobierno anunció un incremento adicional del gasto militar de unos 10.471 millones de euros, lo que elevaba el presupuesto total de defensa a alrededor de 33.000-33.500 millones de euros. Con ese salto, según las estimaciones de la OTAN, España alcanzaría por primera vez el 2% del PIB en gasto militar durante 2025, adelantando en cuatro años la fecha inicialmente fijada por el propio Ejecutivo, que era 2029.
Este movimiento generó un intenso debate político y técnico en el interior del país. En primer lugar, por el origen de la financiación: el Gobierno apuntó a una combinación de fondos europeos Next Generation y supuestos ahorros derivados de los Presupuestos Generales de 2023, lo que para algunos analistas tenía un marcado carácter coyuntural y «cosmético» de cara a las cumbres de la OTAN. En segundo lugar, porque parte de la coalición gubernamental mantiene posiciones claramente antimilitaristas, lo que complica sacar adelante un incremento de estas dimensiones sin un consenso parlamentario sólido.
Las nuevas metas del 5% y la presión de Donald Trump
Si el 2% ya era un listón complejo para muchos socios, la reaparición de Donald Trump en la Casa Blanca ha subido todavía más la temperatura. El expresidente estadounidense ha ejercido una fuerte presión para que los aliados eleven su esfuerzo en defensa hasta el 5% del PIB de cara a 2035, amenazando en algunos casos con represalias comerciales o incluso con replantearse el compromiso de defensa colectiva si no se cumple con esos niveles.
En una de sus salidas de tono más sonadas, Trump llegó a sugerir que España debería ser expulsada de la OTAN si no estaba dispuesta a seguir esa hoja de ruta hacia el 5%. Además, en paralelo, en su discurso interno prometía reducir el gasto público en Estados Unidos, lo que introduce una cierta contradicción entre sus exigencias a los aliados y sus promesas a los votantes estadounidenses.
La OTAN terminó acordando una nueva arquitectura de objetivos que combina un 3,5% de gasto estrictamente militar y un 1,5% adicional destinado a seguridad en sentido amplio. Ese 1,5% incluye partidas para protección de infraestructuras críticas, defensa civil, industria militar o resiliencia frente a ciberataques, entre otros conceptos. En la práctica, se trata de un salto presupuestario gigantesco al que hoy por hoy solo se acercan Polonia y algunos países bálticos.
La mayoría de los aliados, incluidos varios de los grandes, siguen claramente por debajo de ese listón. A pesar de que en 2025 prácticamente todos los socios (a excepción de Islandia, que no tiene fuerzas armadas) cumplirían ya con el 2% según las proyecciones de la OTAN, unos 24 países mantienen un gasto inferior al 3%. Incluso Estados Unidos, aun siendo el mayor contribuyente, se sitúa en torno al 3,2% del PIB y ha ido reduciendo gradualmente su porcentaje desde 2014.
La presión de Trump no se limita al terreno militar, sino que ha llegado también al ámbito económico. En el caso español, llegó a amenazar con redoblar los aranceles a los productos nacionales si el Gobierno no daba marcha atrás en su resistencia al 5%. Pese a la dureza del tono, esas amenazas no se han materializado por ahora, pero sí han contribuido a elevar la tensión política y mediática alrededor del debate del gasto en defensa.
La postura del Gobierno español y el acuerdo con la OTAN
Frente a este escenario, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha tratado de mantener una posición intermedia: cumplir escrupulosamente con el compromiso del 2% y, al mismo tiempo, negociar un encaje específico que le permita no verse arrastrado al 5% sin perder credibilidad dentro de la Alianza. Fruto de esa estrategia se alcanzó un acuerdo con la OTAN que, según el Gobierno, garantiza que España podrá satisfacer plenamente sus obligaciones aliadas con un nivel de gasto en torno al 2,1-2,2% del PIB.
En varias comparecencias públicas, Sánchez ha insistido en que la OTAN no funciona estrictamente con porcentajes, sino con capacidades concretas que cada país puede poner sobre la mesa. Ha señalado, por ejemplo, que el salario medio de un soldado o el coste de producir o adquirir material militar varía enormemente entre países, por lo que un mismo porcentaje del PIB puede traducirse en capacidades muy diferentes según dónde se gaste.
Los técnicos de las Fuerzas Armadas españolas habrían calculado que con alrededor del 2,1% del PIB se pueden cubrir todas las capacidades operativas que la OTAN reclama a España: personal, equipamiento, infraestructuras, modernización tecnológica y participación en operaciones. Ni más, ni menos, según el relato defendido por el propio Gobierno.
El Ejecutivo español, además, ha articulado un discurso muy claro en defensa de la idea de “gastar mejor y gastar juntos”. Es decir, poner la prioridad en la interoperabilidad de las Fuerzas Armadas, en los mecanismos de compra conjunta dentro de la Unión Europea y en el desarrollo de una industria europea de defensa que reduzca la dependencia de proveedores externos. En último término, España plantea avanzar hacia la creación de un auténtico Ejército Común Europeo como forma de reforzar la autonomía estratégica del continente.
En el plano político interno, Sánchez ha subrayado que un nivel de gasto del 5% sería, a su juicio, incompatible con el Estado del bienestar tal y como lo entiende España. Llegó a desgranar lo que implicaría ese salto: del 2% al 5% hasta 2035 supondría destinar unos 350.000 millones de euros adicionales que solo podrían obtenerse, según sus cálculos, a base de subidas muy fuertes de impuestos por trabajador, recortes drásticos en prestaciones de desempleo, enfermedad y maternidad, reducciones de hasta el 40% en las pensiones o el recorte a la mitad de la inversión estatal en educación.
Impacto económico, industrial y social del aumento del gasto
Más allá del juego de cifras, el rearme plantea grandes interrogantes sobre su impacto económico y social. Por un lado, el sector de defensa puede funcionar como un motor de crecimiento en industrias de alto contenido tecnológico, con un fuerte efecto arrastre sobre la investigación, el desarrollo y la innovación. Muchas de las tecnologías que hoy usamos a diario —internet, ciertos sistemas de telecomunicaciones, avances médicos, tecnologías de transporte— tienen su origen o han recibido un impulso decisivo en el ámbito militar.
En el caso español, el llamado Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa moviliza precisamente esos 10.471 millones de euros adicionales en 2025 para consolidar una base industrial de defensa competitiva. Una parte importante se destina a mejorar las condiciones de la tropa y marinería, mientras que otra se orienta a modernizar infraestructuras críticas como las telecomunicaciones cifradas de las Fuerzas Armadas y la adquisición de equipamiento puntero.
Este tipo de inversión suele tener un efecto multiplicador sobre el tejido industrial, al impulsar sectores relacionados con la inteligencia artificial, el big data, la robótica, las tecnologías cuánticas, la biotecnología o nuevos métodos de fabricación y sistemas de energía y propulsión. Muchas de estas tecnologías son duales —con usos tanto civiles como militares—, lo que incrementa su rentabilidad social si se gestiona bien la transferencia de conocimiento y se evita una dependencia excesiva de contratos públicos.
Pero el incremento del gasto en defensa también genera tensiones evidentes con otras prioridades sociales. En España, por ejemplo, el gasto sanitario público ha crecido desde 2003 alrededor de un 67%, hasta situarse en torno a los 130.000 millones de euros, mientras que el gasto sanitario privado supera ya los 33.000 millones. Los hogares destinan de media unos 600 euros anuales por persona a salud, una cifra muy marcada por el nivel de renta: los más acomodados gastan hasta cuatro veces más que los de menores ingresos.
La coexistencia de un fuerte aumento en defensa y un crecimiento continuado del gasto sanitario abre el debate sobre cómo se reparte el presupuesto entre seguridad militar y protección social. Propuestas como incluir la atención dental y los gastos ópticos de forma más amplia en la cartera de servicios públicos apuntan a la necesidad de reforzar el Estado del bienestar, mientras que la presión externa empuja en sentido contrario, hacia un esfuerzo militar sin precedentes desde el final de la Guerra Fría.
Capacidades militares de España y papel dentro de la OTAN
El informe anual de la OTAN de 2025 destaca que España ha hecho los deberes en términos de inversión. Desde 2014, el gasto de defensa español en términos reales habría aumentado más de un 117%, hasta rondar los 33.500 millones de euros. El secretario general de la Alianza, Mark Rutte, llegó a felicitar expresamente a España por el salto dado entre 2024 y 2025, subrayando que la decisión de pasar del 1,3-1,4% al 2% del PIB implica “miles de millones de euros adicionales de forma estructural”.
Más allá de la cifra global, España ha ganado peso por la modernización de sus capacidades. Como se mencionaba antes, casi la mitad del presupuesto de defensa se destina a la adquisición de equipos, lo que indica un esfuerzo claro por renovar material, sistemas de mando y control, y plataformas en todos los dominios (terrestre, marítimo, aéreo y, cada vez más, cibernético).
El país mantiene una presencia transversal en los despliegues de la OTAN. Participa en la vigilancia aérea rotatoria en el flanco este, con aviones españoles desplegados de forma periódica en Bulgaria, Estonia, Letonia, Polonia y Rumanía. Contribuye con una batería de misiles Patriot para reforzar la defensa aérea de Turquía, aporta buques a las fuerzas navales permanentes y a los grupos de medidas contra minas, y colabora en la operación Sea Guardian en el Mediterráneo en tareas de seguridad marítima y lucha antiterrorista.
En el ámbito de las misiones especializadas, España también ofrece capacidades relevantes, como aviones de patrulla marítima, unidades anfibias y grupos de combate embarcados en portaaviones aliados. Todo ello refuerza su imagen de socio fiable a la hora de poner tropas y medios sobre el terreno, aunque hasta hace poco no acompañase con la misma intensidad en la parte presupuestaria.
Además, España se ha implicado en la dimensión tecnológica de la OTAN. Forma parte de los 24 países que respaldan un fondo de capital riesgo soberano de más de mil millones de euros, diseñado para invertir en empresas de tecnología profunda relevantes para la defensa. También participa en el programa multinacional de software en la nube de la Alianza, cuyo objetivo es construir una especie de “columna vertebral digital” que permita compartir información clasificada de forma rápida y segura en el campo de batalla.
A pesar del avance, España sigue por debajo de algunos líderes en inversión como Polonia (más del 4%), Estados Unidos (en torno al 3,2%) o Alemania (en la franja del 2,3-2,4%). Se sitúa, sin embargo, en un nivel equiparable al de Francia (en torno al 2%) y por encima de otros socios como Bélgica. Uno de los datos más llamativos del informe es que España es de los países que más ha acelerado su gasto en la última década, superando incluso el ritmo de crecimiento de Washington.
Retos de futuro y riesgos de una nueva carrera armamentística
Mirando hacia delante, el principal reto para España y el resto de aliados es encontrar un equilibrio entre seguridad y sostenibilidad fiscal. La guerra en Ucrania, las tensiones en Oriente Medio y el auge de potencias que desafían abiertamente el orden internacional han llevado a la OTAN a pedir a la industria europea de defensa que acelere su producción, refuerce sus cadenas de suministro y abra nuevas plantas para reponer arsenales y abastecer un aumento sostenido del gasto en los próximos años.
Mark Rutte ha sido especialmente claro al dirigirse a las empresas armamentísticas europeas: la demanda está asegurada, se esperan “decenas, cientos de miles de millones de euros y dólares”, y es urgente producir más rápido y con la última tecnología. Los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo están consumiendo grandes cantidades de munición y equipamiento, lo que obliga a renovar existencias con rapidez si la OTAN quiere conservar su ventaja estratégica.
Este esfuerzo, sin embargo, no está exento de riesgos. Una escalada excesiva del gasto militar global puede empujar al mundo a una nueva carrera armamentística, con sobre reacciones políticas que, como recuerda más de un analista, suelen ser muy peligrosas. Además, dedicar una parte muy significativa del PIB a la defensa limita el margen para inversiones en educación, sanidad, transición ecológica o cohesión social, que son igualmente cruciales para la estabilidad de las democracias.
En el caso español, la discusión se ve atravesada por el papel del país como “frontera caliente” con el norte de África, especialmente en su relación con Marruecos y el diferencial de renta entre ambas orillas del Estrecho. Este factor refuerza la idea de que el aumento del gasto en defensa no es solo una imposición externa de la OTAN, sino también una necesidad ligada a su propia seguridad estratégica y al control de amenazas híbridas como la presión migratoria instrumentalizada o las tensiones en torno a Ceuta, Melilla y Canarias.
Todo este contexto obliga a una reflexión seria sobre qué tipo de capacidades deben priorizarse: drones, ciberseguridad, inteligencia artificial, sistemas de defensa antimisiles, resiliencia de infraestructuras críticas o defensa del espacio digital. La «nueva guerra» no se parece en casi nada a los conflictos convencionales de hace unas décadas, y gastar más no garantiza por sí solo estar mejor protegido si el dinero no se orienta a los ámbitos adecuados.
El debate en torno al gasto en defensa en la OTAN, y en particular el papel de España dentro de la Alianza, gira en torno a esta tensión entre obligación aliada, necesidad estratégica y preservación del modelo social. El salto al 2% ha mejorado la posición de Madrid ante sus socios, ha impulsado la modernización de sus Fuerzas Armadas y ha reforzado su peso en la toma de decisiones, pero al mismo tiempo ha abierto un interrogante sobre hasta dónde es razonable llegar en el horizonte del 5% sin poner en riesgo otras prioridades esenciales para la ciudadanía.