El territorio mapuche, conocido también como Wallmapu, ocupa un lugar central en la historia de Chile y de la propia América del Sur. En este espacio se cruzan memorias de guerra y colonización, políticas de ocupación, proyectos ilustrados de frontera, conflictos contemporáneos por la tierra y nuevas formas de resistencia cultural y política. Lo que hoy ocurre en La Araucanía y en la llamada macrozona sur chilena no es una anécdota coyuntural, sino la fase más reciente de un conflicto de muy larga duración que arranca en los siglos coloniales y se reactualiza con fuerza en el siglo XXI.
Comprender el territorio mapuche exige mirar a la vez el pasado colonial, la conformación del Estado chileno, las políticas de usurpación de tierras, los planes de integración impulsados desde las élites ilustradas, las dinámicas actuales de militarización y la emergencia de voces mapuches que reclaman dignidad, autonomía y reparación. Desde la “Pacificación de la Araucanía” del siglo XIX hasta la actual Comisión de Paz y Entendimiento, pasando por los parlamentos coloniales y los proyectos borbónicos, se dibuja una trama compleja en la que territorio, soberanía y cultura se entrelazan de forma inseparable.
El territorio mapuche y el conflicto de tierras en la macrozona sur
Uno de los nudos centrales del conflicto actual es la tierra arrebatada a las comunidades mapuches por el Estado chileno y por grandes propietarios tras la guerra de ocupación del siglo XIX, conocida oficialmente como “Pacificación de la Araucanía”. Ese proceso, desarrollado entre 1851 y 1883, supuso la ocupación militar del espacio situado entre el Biobío y el Toltén, la destrucción de estructuras políticas mapuches y la reducción del antiguo Estado de Arauco a reducciones mínimas bajo tutela estatal.
Hoy las reivindicaciones se concentran en la Araucanía y en las regiones vecinas del Biobío, Los Ríos y Los Lagos, articuladas políticamente como “macrozona sur”. Gran parte de la región de La Araucanía y dos provincias del Biobío se encuentran bajo estado de excepción, una figura de emergencia que permite desplegar tropas militares y restringir libertades como la reunión y la circulación. Desde mayo de 2022, esta medida de excepción se ha venido prorrogando una y otra vez en el Congreso.
Las cifras oficiales ayudan a dimensionar la magnitud del problema: alrededor de 48.001 personas mapuches mantienen demandas de restitución de tierras por un total aproximado de 377.334 hectáreas, repartidas entre Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. La institucionalidad encargada de tramitar estas reclamaciones, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), actúa con una lentitud que la propia Comisión de Paz y Entendimiento ha calificado de “intolerable”.
La propuesta más ambiciosa puesta sobre la mesa recientemente es la de esta Comisión de Paz y Entendimiento (CPyE), creada en 2023 por el gobierno de Gabriel Boric. En su informe de mayo propuso la creación de un fondo de unos cuatro mil millones de dólares destinado específicamente a resolver las peticiones de tierras de comunidades mapuches. El diseño de ese fondo está ligado a la necesidad de dotar de reglas claras al proceso de reconocimiento y restitución.
Un punto clave del informe de la CPyE es la advertencia de que la demanda de tierras puede crecer indefinidamente si no se regula la creación de nuevas comunidades, ni se actualiza de forma periódica el número de familias que las integran. Además, la Comisión propone que en las restituciones se reconozcan y valoren los títulos de merced, es decir, aquellos títulos otorgados por el propio Estado chileno a fines del siglo XIX y principios del XX, que hoy funcionan como referencia legal de derechos vulnerados.
Territorio, espiritualidad y visión mapuche de la tierra
Para el pueblo mapuche, la cuestión no se reduce a “tierra” como simple recurso económico. Tal y como insiste la lideresa Elisa Loncón, ex presidenta de la Convención Constitucional, sin territorio no hay pueblo mapuche en sentido pleno. El concepto de Wallmapu remite a una trama compleja de relaciones espirituales, sociales y ecológicas donde la tierra no es mercancía, sino madre y matriz de vida.
En la cosmovisión mapuche, ríos, cerros y bosques son seres vivos con agencia, no simples objetos de explotación. Loncón recuerda que se reconocen tierras sagradas y espacios donde mora el newen (fuerza o energía vital). Esta concepción choca frontalmente con la lógica extractivista y mercantil que ha dominado tanto la colonización como el modelo económico chileno contemporáneo, basado en el monocultivo forestal y la explotación intensiva de recursos.
Las grandes plantaciones de pino y eucalipto son un símbolo muy claro de esa tensión. En Chile se han extendido aproximadamente 3,12 millones de hectáreas de estas especies exóticas, plantadas por las principales empresas forestales exportadoras. El resultado ha sido una fuerte pérdida de agua, suelos degradados y un paisaje uniformado que afecta tanto a las comunidades mapuches como al conjunto de la población rural.
Loncón y otros dirigentes mapuches advierten de que el conflicto ecológico es inseparable del conflicto territorial. Seguir talando bosque nativo y expandiendo el monocultivo implica, según ellos, profundizar la crisis hídrica, empobrecer a las comunidades y romper todavía más el vínculo espiritual con el territorio. Desde esta óptica, la “pacificación” real pasa por restaurar ecosistemas, devolver tierras y reconstruir relaciones equilibradas entre seres humanos y naturaleza.
El propio significado de la palabra “mapuche” -gente de la tierra- refleja hasta qué punto el territorio está en el corazón de la identidad colectiva. La pérdida de tierras, más allá del daño económico, se vive como desarraigo cultural y quiebre de una filosofía de vida que articula lengua, medicina propia, prácticas agrícolas, vestimenta tradicional, normas de convivencia y ritualidad.
De la colonización hispana al Estado chileno: una larga historia de frontera
El territorio mapuche fue, durante siglos, una frontera clave dentro del imperio español. Desde el siglo XVI, tras la batalla de Curalaba en 1598 y la destrucción de las ciudades hispanas al sur del Biobío, se consolidó un espacio autónomo conocido como Estado de Arauco, La Frontera o La Araucanía. Esa franja, que se extendía entre el Biobío y aproximadamente el Toltén, y proyectaba su influencia hacia las pampas, quedó fuera del control efectivo del Reino de Chile.
En la imaginería colonial, ese mundo fronterizo fue representado como “Flandes indiano”, un territorio de guerra permanente, levantamientos indígenas y vulnerabilidad para la Corona. Desde el siglo XVII, sin embargo, la guerra intermitente fue dando paso gradualmente a fórmulas más complejas de relación: misiones, comercio, redes de parentesco y, sobre todo, los parlamentos, grandes encuentros diplomáticos entre autoridades hispanas y líderes mapuches.
El siglo XVIII supuso un giro importante en la manera de pensar la frontera araucana. Bajo el reformismo borbónico y la influencia de la Ilustración, se multiplicaron los proyectos para integrar la Araucanía al sistema territorial hispano. El Imperio español, golpeado por la Guerra de los Siete Años y la toma de La Habana y Manila en 1762, se obsesionó con reforzar su defensa global. Las zonas marginales -como la Araucanía, la Patagonia, las fronteras del norte de Nueva España o la costa caribeña- pasaron a ser vistas como piezas estratégicas en un tablero geopolítico más amplio.
La historiografía contemporánea ha señalado que la historia latinoamericana es, en gran medida, una historia de fronteras en transformación. Las fronteras no son solo líneas en el mapa, sino regiones enteras donde distintas soberanías se solapan, se negocian y se disputan. En la frontera mapuche convivieron autoridades españolas, cacicazgos indígenas, misioneros, comerciantes, milicias y todo tipo de intermediarios que tejían una densa red de contactos, alianzas y conflictos.
Para los criollos del Reino de Chile, la Araucanía fue siempre concebida como el espacio natural de expansión hacia el sur. El hecho de que siguiera fuera de control directo constituía un problema político y militar, pero también un desafío simbólico: un recordatorio constante de que el dominio español en América tenía límites y zonas de vulnerabilidad.
La Ilustración y los proyectos de integración del territorio mapuche
En la segunda mitad del siglo XVIII, el pensamiento ilustrado hispanoamericano impulsó una oleada de proyectos de reforma que no se limitaron a cuestiones fiscales o administrativas. También se elaboraron planes detallados para reordenar el territorio, “civilizar” poblaciones indígenas y convertir zonas despobladas o fronterizas en espacios productivos, articulados al mercado colonial y al sistema defensivo imperial.
En ese contexto surgieron varios proyectos centrados específicamente en la frontera mapuche, entre los cuales destacan los del jesuita Joaquín Villarreal, el oidor José Perfecto de Salas, el ingeniero militar Ambrosio O’Higgins (futuro virrey del Perú) y el oficial Vicente Carvallo. Todos ellos compartían una matriz ilustrada: confianza en la razón, en la observación empírica y en la planificación racional del espacio y de la población.
La Ilustración, entendida como discurso social, generó un nuevo “régimen de verdad” sobre la naturaleza, la economía y el territorio. Los proyectistas eran hombres letrados -obispos, altos funcionarios, militares, provinciales de órdenes religiosas- que utilizaban su experiencia en la frontera para diagnosticar problemas y proponer soluciones “racionales”. En sus textos describían con detalle el clima, los recursos mineros, los bosques, las posibilidades agrícolas y las rutas potenciales de comercio.
El gobierno borbónico creía que la acumulación y aplicación de conocimiento científico aumentaría su poder político y económico. Por eso alentó a estos proyectistas, que inundaban la administración con memorias y planes. El objetivo era claro: convertir cada rincón del imperio en un engranaje útil de un sistema más eficiente, más rentable y mejor defendido frente a rivales como Inglaterra.
La frontera mapuche se convirtió así en un laboratorio donde se ensayaron ideas ilustradas sobre población, territorio y civilización. Aunque muchos de estos proyectos nunca se aplicaron plenamente, su valor reside en las representaciones que construyen: ven el territorio araucano como espacio problemático pero lleno de potencial, cuya integración requería una cuidadosa combinación de urbanización, evangelización, “mestizaje” y control militar.
Los cuatro grandes proyectos sobre la frontera araucana
Los planes de Villarreal, Salas, O’Higgins y Carvallo comparten un núcleo común, aunque cada uno tenga matices propios. Parten de una descripción minuciosa del Reino de Chile y, en particular, de la Araucanía: fertilidad de los valles, abundancia de minerales, bosques madereros valiosos para la construcción naval, potencial agrícola desaprovechado.
Joaquín Villarreal, jesuita y procurador de la Compañía de Jesús en Chile, redactó en 1743 unas “Representaciones del reino de Chile” donde defendía la necesidad de reducir a pueblos tanto a los habitantes dispersos del reino como a los “indios araucanos”. Sus propuestas fueron aprobadas por el rey y convertidas en ley mediante una Real Cédula de 1744, convirtiéndose en un pilar de la política de urbanización.
José Perfecto de Salas, oidor de la Real Audiencia de Santiago, elaboró hacia 1750 un extenso informe dirigido al monarca, en el que analizaba problemas de justicia, despoblación, ineficacia del ejército de frontera y desorden en la administración. Dedicó numerosas páginas a la situación araucana, criticando duramente el rendimiento militar y proponiendo una reorganización profunda basada en la fundación de pueblos y en el control de los funcionarios fronterizos.
Ambrosio O’Higgins, ingeniero militar destinado en la Frontera, redactó en 1767 un proyecto con una visión territorial de largo alcance. Planteaba trasladar la línea fronteriza hacia el sur, articular una cadena de fuertes y poblaciones, facilitar el tránsito hacia Valdivia y Chiloé y abrir rutas terrestres hacia Buenos Aires, cruzando la pampa. Su mirada conectaba la Araucanía con el Atlántico y con la defensa del Pacífico Sur.
Finalmente, Vicente Carvallo, capitán de dragones, presentó en 1793 un memorial sobre cómo “reconquistar y repoblar” las ciudades destruidas al sur del Biobío. Para él, repoblar el espacio fronterizo significaba, a la vez, fortalecer la defensa ante potencias extranjeras e incorporar población y tierras productivas al erario mediante agricultura, minería y cobro de impuestos.
Diagnóstico ilustrado: una frontera peligrosa, rica y desaprovechada
En el diagnóstico de los proyectistas, el Reino de Chile aparecía como un territorio con enormes ventajas naturales -clima templado, valles productivos, minerales abundantes-, pero lastrado por la despoblación, la pobreza material y la desconexión interna. La frontera mapuche era vista como el principal obstáculo para convertir ese potencial en riqueza efectiva.
La Araucanía era percibida como un vacío político dentro de un espacio que España consideraba propio. El hecho de que las comunidades mapuches mantuvieran su independencia implicaba una doble amenaza. Por un lado, el miedo a nuevas rebeliones, reforzado por levantamientos como los de 1723-1726 y 1766-1771. Por otro, el temor a una posible alianza entre esas comunidades “insumisas” y potencias rivales, especialmente Inglaterra, interesada en el Pacífico Sur.
Villarreal alertaba explícitamente de que una potencia enemiga podría aprovechar el resentimiento indígena hacia los abusos españoles para conquistar puertos clave del sur de Chile con ayuda de los propios mapuches, atraídos con regalos y promesas. El control de enclaves como Valdivia o Chiloé se veía como vital para la seguridad del virreinato del Perú y del sistema de defensa del Mar del Sur.
Otro elemento clave del diagnóstico era la incomunicación interna. La Araucanía, en manos mapuches, interrumpía la continuidad terrestre entre las zonas centrales del reino y las plazas de Valdivia y Chiloé, que quedaban prácticamente aisladas. Para O’Higgins y Salas, era imprescindible abrir caminos seguros que permitieran el flujo de tropas, mercancías y noticias, integrando así todo el territorio en una red coherente.
Al mismo tiempo, los proyectistas subrayaban la riqueza desaprovechada del territorio mapuche. No solo destacaban las posibilidades agrícolas, sino también el potencial minero (oro, plata, cobre, piedras preciosas) y forestal, especialmente la abundancia de robles y otras maderas adecuadas para la construcción naval y de edificaciones. Esa combinación de amenaza y oportunidad reforzaba la idea de que la frontera debía ser intervenida de manera planificada.
Urbanizar y “reducir” para dominar el territorio mapuche
La solución estrella que comparten los cuatro proyectos es la reducción de las comunidades indígenas a pueblos, es decir, la creación de villas y núcleos urbanos donde concentrar a la población mapuche y a colonos hispanos o mestizos. Esta estrategia no era nueva: ya desde el siglo XVI la Corona había apostado por organizar el espacio americano a través de ciudades, siguiendo la Real Ordenanza de 1573 de Felipe II.
Para los ilustrados del XVIII, sin embargo, la fundación de pueblos adquirió un sentido adicional. Ya no se trataba solo de afirmar soberanía o de evangelizar, sino de convertir esos asentamientos en piezas de un sistema productivo y defensivo integrado. Los pueblos debían servir para controlar la población, facilitar el cobro de tributos, fomentar la agricultura y la minería, y reforzar las redes de comercio interno.
Villarreal, por ejemplo, subrayaba que reducir a pueblos a los araucanos permitiría ampliar la dominación española sin grandes derramamientos de sangre ni gastos desmesurados, al tiempo que facilitaría su evangelización. Para él, la vida urbana era la base de cualquier felicidad posible en este mundo, porque permitía acceder a sacramentos, justicia, orden moral y corrección de “vicios”.
Carvallo insistía en que las villas transformarían a los mapuches en sujetos “civilizados” y cristianos. En sus palabras, al abandonar su “dispersión” y su supuesta vida “salvaje”, podrían disfrutar de la abundancia, del trabajo regular y de la disciplina de la ley. Sus párrafos rezuman el paternalismo propio del discurso ilustrado colonial, que identificaba progreso con sedentarización urbana, control moral y adopción de patrones culturales europeos.
O’Higgins, más pragmático, veía el “espíritu de poblaciones” como la fórmula para impulsar agricultura, comercio e industria en la frontera. Las nuevas villas debían estar conectadas por caminos y apoyadas por una línea de fuertes, de manera que entre todos conformasen un entramado capaz de garantizar la seguridad frente a amenazas internas y externas.
Medidas complementarias: fuertes, cooptación de caciques y migraciones
La creación de pueblos no se pensaba de forma aislada, sino ligada a otras medidas que reforzaran el control territorial. Una de las más recurrentes era el establecimiento de una cadena de fuertes a lo largo de la nueva línea de frontera, con pequeñas guarniciones y familias asentadas en torno a ellos.
En la visión de O’Higgins, estos fuertes actuarían como núcleos urbanos embrionarios: puntos de defensa, pero también de comercio, contacto cultural y radiación de “civilización”. Desde ellos se protegerían las rutas hacia Valdivia y Chiloé y, a largo plazo, se abrirían caminos hacia las pampas y la Patagonia, articulando un continuo trasandino vinculado tanto al Pacífico como al Atlántico.
Otra medida compartida por Salas y Villarreal era la cooptación política de las élites mapuches. Proponían otorgar honores, títulos y privilegios a caciques y lonkos, reforzando su rango dentro de sus comunidades, pero amarrándolos al orden colonial. También planteaban educar a los hijos de esos líderes en colegios hispanos, de modo que se formaran en los valores cristianos y en la obediencia a la Corona.
Los proyectos incluían asimismo una política activa de poblamiento con colonos procedentes de otras regiones. Carvallo sugería trasladar centenares de familias desde Chiloé -que consideraba robustas y laboriosas- y desde otros obispados de Chile para consolidar las nuevas villas. Villarreal compartía la idea de mezclar españoles, mestizos e indígenas locales, confiando en el mestizaje como mecanismo de integración.
O’Higgins iba incluso más allá, contemplando la llegada de extranjeros especializados para desarrollar industrias concretas, especialmente en el ámbito textil y forestal. La atracción y retención de población era vista como condición indispensable para que las villas no se convirtieran en meros experimentos fallidos abandonados a los pocos años.
Críticas internas a los viejos dispositivos de frontera
Un rasgo interesante de estos proyectos ilustrados es su crítica frontal a los mecanismos tradicionales de control fronterizo. Los autores coinciden en que la guerra pura y dura no ha servido para avanzar ni un palmo más allá de la línea histórica del Biobío, y que la misión religiosa, aunque loable, no ha conseguido una conversión estable de las comunidades mapuches.
Salas carga especialmente contra el ejército de frontera y contra los capitanes de amigos, figuras que se suponía actuaban como intermediarios entre hispanos e indígenas, pero que según él se habían vuelto corruptas, abusivas e ineficaces. Consideraba urgente reformar la organización militar, racionalizar el uso del situado (los fondos enviados desde el Perú) y poner coto a los atropellos que alimentaban la desconfianza mapuche.
Villarreal insistía en la necesidad de tratar a los mapuches “como si fueran de nuestra propia nación”, crítica velada a las prácticas discriminatorias y violentas de muchos funcionarios coloniales. Para él, solo un trato justo, acompañado de la reducción en pueblos y de una evangelización bien gestionada, podía garantizar una integración duradera.
Carvallo, que escribe ya después de la expulsión de los jesuitas, es especialmente duro con la empresa misional, a la que considera costosa y poco eficaz. Llegó a afirmar que intentar someter a los araucanos “solo por la fe” significaba exponer lo sagrado al ultraje, porque la “barbarie” de esos pueblos impedía un sometimiento puramente espiritual. Su solución pasa por el orden urbano, la disciplina legal y la inserción económica.
En todos los casos, la experiencia personal de los autores en la frontera les sirve como legitimación de sus diagnósticos y propuestas. La observación directa, la recopilación de datos y el uso de descripciones geográficas detalladas responden al ideal ilustrado de construir políticas sobre un conocimiento “científico” del territorio y sus habitantes.
Del periodo colonial al Chile republicano: continuidad del problema territorial
Los proyectos ilustrados del siglo XVIII no lograron incorporar plenamente el territorio mapuche al sistema colonial, pero sí marcaron una forma de pensar la frontera que reaparecería, con otros discursos, en el Chile republicano. Tras la independencia, la prioridad del nuevo Estado ya no fue tanto controlar vasallos como asegurar la soberanía territorial, pero la lógica de considerar la Araucanía como un espacio por “ordenar” y “civilizar” se mantuvo.
La llamada “Pacificación de la Araucanía” en el siglo XIX retomó, con mayor violencia, la idea de avanzar sobre un territorio considerado propio pero ocupado por comunidades que se percibían como obstáculos para el progreso. A la ocupación militar siguieron el despojo de tierras, la creación de reducciones y la posterior legalización de una estructura agraria concentrada en manos de grandes propietarios y, más tarde, empresas forestales.
Durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), se dio un nuevo giro radical a la cuestión de la tierra mapuche. La propiedad colectiva de las comunidades fue disuelta, impulsando la subdivisión en parcelas individuales libremente transables. Esa “modernización” del régimen de propiedad permitió una masiva compra de terrenos por parte de grandes compañías, profundizando la concentración y agravando el despojo.
Al mismo tiempo, el Estado comenzó a aplicar la Ley Antiterrorista contra las acciones de recuperación territorial emprendidas por grupos mapuches, equiparando la reivindicación de tierras a formas de terrorismo. Esto generó un potente círculo de criminalización, represión y resistencia armada en algunos sectores, configurando el escenario de violence que todavía hoy se invoca para justificar estados de emergencia.
Las zonas donde se concentran las comunidades mapuches figuran, además, entre las más pobres de Chile. En La Araucanía, la pobreza multidimensional ronda el doble del promedio nacional, y la pobreza por ingresos también es significativamente superior. La combinación de despojo histórico, modelo económico extractivo y discriminación estructural explica buena parte de la conflictividad actual.
Militarización, violencia rural y estigmatización en el siglo XXI
En los últimos años, el territorio mapuche ha vuelto al centro del debate público chileno a raíz de la creciente militarización y del despliegue de fuerzas armadas para contener lo que el gobierno denomina “violencia rural”. Desde mediados de 2022, el estado de excepción se ha prolongado una y otra vez, convirtiendo la presencia de tanques y soldados en una escena cotidiana en muchas localidades de la macrozona sur.
La rapera mapuche MC Millaray, una de las voces jóvenes más visibles del movimiento, describe cómo para las nuevas generaciones la visión de vehículos militares en los accesos a sus comunidades se está normalizando. Relata episodios de controles agresivos, armas apuntando a vehículos y una sensación constante de vigilancia que impacta especialmente a niños y ancianos.
El gobierno sostiene que la medida ha logrado reducir los llamados “actos de violencia rural”, con descensos significativos en comparación con años anteriores, tanto en número de ataques como en incidentes incendiarios. Sin embargo, sobre el terreno, la situación es mucho más compleja: a las acciones de reivindicación territorial se suman hoy fenómenos como el narcotráfico, el crimen organizado y el robo de madera, generando un escenario híbrido donde confluyen conflictos políticos, económicos y delictivos.
En este contexto, dirigentes empresariales y gremios agrícolas del sur han incrementado sus demandas de “mano dura” e incluso han empezado a legitimar la idea de “autodefensa”. Algunas organizaciones de productores han llegado a anunciar que acompañarán a los propietarios frente a posibles tomas de predios, mientras que voceros locales hablan abiertamente del riesgo de una “guerra civil” en la zona.
Las comunidades mapuches denuncian que esta narrativa de guerra y terrorismo las estigmatiza y justifica mayores niveles de represión. Werken y dirigentes comunitarios señalan que las operaciones policiales suelen implicar uso indiscriminado de balines, allanamientos y detenciones que afectan a mujeres, niños y ancianos, mientras que las causas por supuestos “robos de madera” y otros delitos se utilizan para criminalizar procesos de recuperación territorial.
Voces mapuches, derechos y escepticismo frente al Estado
A pesar de la militarización y de la criminalización, las voces mapuches no han desaparecido del espacio público; al contrario, se han diversificado. Hay dirigentes comunitarios, académicos, artistas, jóvenes urbanos y defensores ambientales que exponen diferentes estrategias y lecturas del conflicto, pero coinciden en algunos puntos fundamentales: la centralidad del territorio, la necesidad de reconocimiento político y cultural, y la crítica al incumplimiento sistemático de compromisos estatales.
Pedro Valenzuela, coordinador de programas interculturales y de salud, plantea que el tema clave es la reparación por la pérdida de tierras, que ha generado un profundo desarraigo cultural. Para él, un reconocimiento constitucional efectivo de los pueblos originarios sería un avance relevante, porque sentaría la base para derechos en ámbitos como la educación propia, la medicina tradicional, el uso oficial de la lengua y el reconocimiento de autoridades culturales.
Sin embargo, Valenzuela y otros observan con pesimismo el panorama político, ante el auge de posiciones conservadoras y la falta de voluntad para cambios estructurales. Recuerdan que iniciativas como la creación de un ministerio de desarrollo indígena llevan más de una década paralizadas en el Congreso, pese a haber sido fruto de diálogos previos con pueblos originarios.
María Hueichaqueo, dirigenta de una asociación mapuche en la periferia de Santiago, subraya que muchas de las recomendaciones actuales repiten diagnósticos y propuestas que circulan desde hace más de diez años. Se muestra especialmente escéptica respecto a la rapidez de una eventual solución de tierras: calcula que harían falta al menos cien años para dar una respuesta mínimamente satisfactoria a todas las reclamaciones.
Para activistas como MC Millaray, la desconfianza hacia el Estado es aún más profunda. Recuerda el entusiasmo durante el estallido social de 2019, cuando las banderas mapuches se convirtieron en símbolo de resistencia en todo Chile y pareció abrirse la puerta a una Constitución que reconociera la plurinacionalidad. El rechazo del texto constitucional en el plebiscito posterior supuso un duro golpe: la sensación de que, llegada la hora de la verdad, la sociedad chilena prefirió mantener un marco heredado de la dictadura antes que garantizar derechos colectivos a los pueblos originarios.
Aun así, estas voces coinciden en la necesidad de seguir adelante sin olvidar el pasado. No hablan de un perdón fácil, sino de continuar luchando por territorio, lengua, cultura y dignidad, aprovechando todos los espacios disponibles: desde la música y el arte hasta la participación en instituciones, la defensa ambiental o la movilización comunitaria.
Mirar el territorio mapuche a lo largo de los siglos muestra un hilo conductor claro: se trata de un espacio geoestratégico codiciado por imperios, estados nacionales y grandes empresas, pero también del corazón de un pueblo que se define a sí mismo en relación íntima con esa tierra. Desde los proyectos ilustrados que quisieron ordenar la frontera con pueblos y fuertes, pasando por la colonización republicana y la “Pacificación”, hasta las actuales comisiones de paz, políticas de militarización y procesos de recuperación, la disputa por Wallmapu combina soberanía, identidad, memoria y naturaleza. Entender esa complejidad es imprescindible para imaginar salidas que no se limiten a gestionar la violencia, sino que afronten de raíz la deuda histórica con el pueblo mapuche y la crisis ecológica y social que atraviesa su territorio.